El Parlamento de Cataluña acordó este miércoles someter a votación la ley con la que quiere convocar un referendo sobre la independencia de esta región española previsto para el 1 de octubre, una consulta declarada ilegal por Madrid.
En una tensa sesión y en medio de gritos y abucheos, la decisión de poner al orden del día el texto fue tomada en el Parlamento, controlado por los independentistas, por 72 votos a favor, 60 en contra y 3 abstenciones.
El Parlamento catalán empezó a debatir este miércoles la ley con la que quiere convocar el referéndum de independencia del 1 de octubre, que se enfrenta a la firme oposición de Madrid y abre en España una de las peores crisis políticas en décadas.
Lo harán de forma expresa, ya que en una segunda votación, una mayoría de diputados acordó prescindir de los habituales trámites parlamentarios, lo que generó la ira de la oposición. En un momento dado se vio a Inés Arrimadas, líder del principal partido opositor en Cataluña, Ciudadanos, llevándose las manos a la cabeza.
'No podemos participar en una votación que lo que quiere es certificar la pérdida de derechos de los diputados', abundó el líder de los socialistas catalanes, Miquel Iceta.
El referéndum está previsto el 1 de octubre, y en él se preguntará a los catalanes si quieren que esta región de 7,5 millones de habitantes (16% de la población española) se convierta en un 'Estado independiente en forma de república'.
En principio, la ley no tendrá problemas para salir adelante, ya que los independentistas son mayoritarios en la cámara. Acto seguido, se espera que el gobierno regional catalán firme el decreto de convocatoria del referéndum.
Los independentistas harán así caso omiso del Tribunal Constitucional, que ha declarado ilegal dicha consulta.
El gobierno español aguarda por su lado la aprobación de la ley para recurrirla ante el Tribunal Constitucional, y podría para ello reunirse este mismo miércoles.
'El gobierno va a actuar de forma muy rápida pero sin prisas', con 'garantías jurídicas', afirmó el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, a la televisión pública.
Esta votación tiene lugar por cierto tres semanas después de los atentados yihadistas que enlutaron Cataluña y dejaron 16 muertos y más de 120 heridos.
Una 'estafa'
Cataluña experimenta desde 2010 un brote de fiebre secesionista, en parte alimentada por la crisis y el sentimiento de haber sido tratada injustamente por el Estado central.
La anulación parcial en 2010 por el Tribunal Constitucional de un Estatuto que desde 2006 otorgaba nuevas competencias a la región y el título de 'nación' fue el desencadenante.
Años más tarde, el gobierno de esta región con cultura y lengua propias, que representa el 20% del PIB de España, prometió finalmente impulsarla hacia la independencia, especialmente tras la victoria en septiembre de 2015 de una mayoría separatista.
Rajoy respondió con una 'operación diálogo', prometiendo nuevas inversiones en la región, pero sin ceder en lo esencial: la exigencia de organizar la consulta que permita a los catalanes decidir su futuro, a imagen de los escoceses en 2014.
'Es un ataque a la democracia y a la integridad de nuestro país', dijo por su lado el líder de la oposición socialista, Pedro Sánchez, que manifestó su apoyo al gobierno de Rajoy.
Fatiga y división
La opinión pública de la región está dividida y el debate, omnipresente en los medios y las conversaciones, ha llegado a enemistar a familias. Pero más del 70% de los catalanes quiere una consulta que zanje el tema de una vez por todas.
'Votar, salga si o salga no, es un paso muy importante, un salto adelante para demostrar que somos nosotros quienes decidimos qué queremos hacer', comentaba Ramon Sanmartín, un ingeniero industrial jubilado de 67 años, mientras paseaba por el parque de la Ciutadella, donde está el Parlamento.
'Espero que se apruebe la ley, es la ilusión que tengo. Y espero sobre todo... que nos dejen votar. La situación genera inquietud. No sabemos qué pasará', añadió.
El 9 de noviembre de 2014, el ejecutivo catalán organizó una consulta, entonces no vinculante pero también prohibida por la justicia en la que participaron 2,3 millones de personas (sobre un cuerpo electoral de unos 6,3 millones), dando una amplia victoria al 'sí'.
