La Corporación Excelencia en la justicia, CEJ, no solo lamenta el caso de los 11 funcionarios de los juzgados de Paloquemao procesados esta semana por manipular casos a cambio de dinero, sino que además exige a la Rama Judicial que reconozca, de manera expresa, la corrupción que encarcela los estrados del país.
'Cuando hicimos una indagación con Transparencia por Colombia en el 2008 y entrevistamos a autoridades de todos los niveles, negaban que hubiera corrupción judicial, y aún hoy, cuando se denuncia que hay corrupción, dicen que no, que eso no es tanto', advierte la directora de Excelencia en la Justicia, Gloria Borrero, en diálogo con EL HERALDO.
Lo más grave de que la justicia quiera ignorar este flagelo, según la jurista, 'es que si uno no reconoce el problema, pues no lo puede solucionar', por lo que exige al poder judicial 'que tenga una política anticorrupción clara'.
De los 11 imputados, ocho fueron cobijados el lunes con medida de aseguramiento por parte del juez 52 de control de garantías. Los tres restantes fueron dejados en libertad, pero siguen vinculados a la investigación. (Ver infografía)
Los sindicados asegurados fueron el juez 26 de control de garantías, el barranquillero Ricardo del Cristo Rodríguez; su secretaria, Ana Adelina Corredor -a quien se benefició con la detención domiciliaria por estar a cargo de una hija en condición de discapacidad-, Javier Español, Manuel González Cuéllar, Alejandro Navas, Carmen Alicia Garzón, el estudiante de derecho Daniel Hurtado Rey y Jaime Eduardo Camargo.
En libertad -porque al parecer no había pruebas fuertes en su contra- pero con el deber de responder ante la justicia, quedaron: el juez 38 de control de garantías, Francisco Barbón; Marvi Quecano y Manuel Velásquez Ayala.
Borrero advierte que aunque hechos como la captura de estos funcionarios 'profundizan la opinión negativa' que tienen los ciudadanos sobre las instituciones de justicia, resalta como positivo 'por lo menos que salgan a la luz pública estas cosas y sean investigadas' y espera que estos casos 'se procesen, se juzguen y se sancionen de manera rápida y con todas las garantías, para que resulten ejemplarizantes'.
De acuerdo a cifras recopiladas por la CEJ, a través del último ‘Barómetro Global de Corrupción de Transparencia Internacional 2013’, la justicia, con un 19 por ciento, es el segundo servicio en el que más se pagan sobornos y ha presentado un aumento de un punto porcentual entre 2010 y 2013.
En el estudio sobre los mapas de riesgos de la corrupción judicial en Colombia, realizado hace cinco años, se lograron identificar, entre otros temas, algunos términos del argot propio y las mañas más comunes en este ámbito del ‘bajo mundo’ de las togas.
Así es que, por ejemplo, los ‘cruceteros’, que generalmente son abogados o familiares de funcionarios judiciales, 'son llamados así porque son los que hacen todos los ‘cruces’ -gestiones irregulares-', según explica Borrero.
'Había un juez al que llamaban ‘10 millones’, porque por todo cobraba 10 millones; a otro lo llamaban ‘el concesionario’ porque vendía todos los autos', indica.
El documento deja ver, igualmente, que 'hay magistrados que son dueños de juzgados', que las familias de funcionarios judiciales son llamadas ‘las mafias’ y que a los fiscales y a los abogados que negocian distintas tarifas los llaman ‘las redes’.
Entre las mañas más comunes, según el informe, se encuentran: los fallos que ya están elaborados antes de las audiencias, la manipulación de los repartos -como en el caso de los 11 detenidos- y la mafia de los remates, que son los empleados que, en palabras de Borrero, 'se presentan a todos los remates, compran los bienes a los precios que ellos ponen en el mercado y esa mafia hace unos años, en 2009 o 2010, cobró la vida de varios funcionarios judiciales'.
También están los peritazgos amañados: 'compran el perito y este dice lo que quiere una de las partes que se diga; no hay objetividad ni tecnificación'. Las pruebas contaminadas, 'como los testigos falsos, la adulteración y la falseada' y la manipulación de expedientes incluyendo documentos extemporáneos.
Finalmente, la CEJ halló que se engavetan los procesos en primera instancia 'para que trabajen los de segunda instancia porque, dicen, estos ganan más', es decir 'los jueces de primera instancia salen rápido de los procesos porque son complicados o por el simple hecho de desprenderse de ellos rápidamente'.
La directora de Excelencia en la Justicia, aunque advierte que es mucho mayor el número de funcionarios judiciales vinculados al llamado carrusel de la justicia 'no solamente en Bogotá y n o solamente en la jurisdicción penal', aclara que aunque existan prácticas y mafias como estas, no hay que generalizar ni dejar de reconocer la labor de otros funcionarios que con su honestidad y disciplina trabajan por una mejor justicia para el país.
