Un nuevo capítulo resultó de la novela del chance en Sucre. En esta oportunidad el protagonista es el gobernador del departamento, Julio César Guerra Tulena, a quien la Procuraduría le formuló pliego de cargos por posibles irregularidades en la licitación del chance. Para el 12 de diciembre está fijada la audiencia en la que responderá por estos hechos.
En la licitación del contrato solo participó la Asociación de Apuestas Permanentes de Sucre, Aposucre, que tenía entre sus socios a la empresaria del chance Enilce López y sus hijos Julio José y Héctor Julio Alfonso López, quien es senador.
De acuerdo con el Ministerio Público, Guerra no habría ejercido sus funciones de control y vigilancia sobre la Empresa Comercial de Juegos de Suerte y Azar de Sucre, Emcoazar encargada de realizar la licitación y entregar el contrato para el manejo del chance.
'Comportamiento omisivo que además dio lugar a que fuera declarada la caducidad del precitado contrato sin que al parecer se presentaran las causales previstas en la Ley, y con el cual ocasionó que ese ente territorial no esté recaudando los recursos económicos producto de la renta que debería generar la concesión antes mencionada', indica la determinación.
Un rollo de tres meses. El pasado 30 de agosto Emcoazar en cabeza de Edwin Romero Ángel le adjudicó el contrato del chance a Aposucre, por un valor de 6.389 millones de pesos pactados a 5 años, esta decisión fue tomada, según la junta directiva de la Emcoazar, a título personal por lo que el Gobernador lo destituyó.
Una semana después fue encargada como gerente, Reina Colón Espinosa, quien dispuso que la Asociación de Apuestas Permanentes de Sucre se abstuviera de ejecutar el contrato debido a que a la fecha no habían aprobado la garantía única de cumplimiento ni suscrito el acta de inicio. Desde entonces no se vendió chance en el departamento.
El 12 de septiembre, Emcoazar en cabeza de Carlos Pretel Geovo, quien se posesionó horas antes, declaró la caducidad del contrato de explotación del chance por incumplimiento de las cláusulas que determinan la constitución de las garantías del mismo.
Durante todo este proceso la Procuraduría, la Fiscalía y la Secretaría de la Transparencia emitieron alertas tempranas sobre las posibles irregularidades en el proceso de licitación.
Solo hasta el 21 de noviembre el contrato fue adjudicado a Superservicios de Nariño S.A., a 5 años por 6.499 millones de pesos, según Pretel, porque cumplió con todos los requisitos. En esa oportunidad se postularon dos empresas.
El pliego de cargos cobija también a Edwin Romero Ángel y Carlos Pretelt.
Edwin Romero Ángel está en la cárcel de Corozal por los delitos de interés indebido en la celebración de contrato en concurso heterogéneo con prevaricato. Según la Fiscalía porque 'diseñó un vestido a la medida de Aposucre'. No aceptó los cargos.
No hubo irregularidades, dice abogado
Luis Yesith Hoyos Avilés, apoderado del gobernador Julio Guerra Tulena, en diálogo con EL HERALDO dijo estar convencido de que no hubo ninguna irregularidad por parte de su apadrinado, que hizo lo que la ley le permitió.
Añadió que siempre atendió las recomendaciones hechas por la Secretaría de la Transparencia y la Procuraduría.
