Por no cumplir con sus funciones frente a las irregularidades presentadas en la comisionista Interbolsa, el procurador general de la Nación, Alejandro Ordóñez Maldonado, destituyó e inhabilitó por 12 años al superintendente financiero, Gerardo Alfredo Hernández.
El jefe del Ministerio Público dictó la misma medida contra otros trabajadores de la Superintendencia, Diego Mauricio Herrera Falla y Rosita Esther Barrios Figueroa.
'La comisionista Interbolsa ejecutó una actividad insegura, ilegal o no autorizada, con ocasión en el riesgo de contraparte asumido por su participación en un negocio que desarrolló en cuenta propia y cuyo riesgo fue transmitido a sus clientes', indicó Ordóñez en su fallo.
El procurador añadió que Hernández, superintendente desde 2010, no tomó acciones preventivas entre 2011 y 2012 para proteger a los inversionistas pese a haber conocido la manipulación en el precio de las acciones de la empresa Fabricato: 'no fue si no mucho tiempo después que se tomaron las acciones frente a este caso que ya eran de conocimiento general'.
Por su parte, el presidente Juan Manuel Santos advirtió que 'la decisión que tomó la Procuraduría en contra del Superintendente Financiero a raíz de lo que ha venido sucediendo con Interbolsa, por supuesto que el Gobierno acata esa decisión del Procurador, pero en este caso no la compartimos'.
El mandatario agregó que Hernández, exsecretario de la Junta Directiva y exgerente ejecutivo del Banco de la República, es 'una persona transparente y dedicada a su trabajo. (...) La mejor capacitada del país para hacer lo que está haciendo'.
Santos señaló que espera que su funcionario disciplinado 'interponga un recurso, que le ofrece el procedimiento de la ley, ante el propio procurador y que, en el entretanto, no solo ante la Procuraduría sino ante el país entero, pueda explicar en detalle el procedimiento que utilizó frente a este tema de Interbolsa'.
Así mismo, el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, respaldó en un comunicado a 'un servidor público intachable' y anotó que la sanción en su contra 'se basa en la diferencia de criterio sobre la interpretación del ejercicio de las funciones de supervisión por parte de la Superintendencia Financiera'.
Cárdenas informó, además, que el Gobierno mantendrá en el cargo a Hernández hasta que se adopte una decisión final ante un eventual recurso.
