El Consejo de Estado condenó a la Nación al pago de $2.000 millones a los familiares de siete hombres dados por desaparecidos luego de ser interceptados por paramilitares.
El tribunal dispuso que el pago lo haga el Ministerio de la Defensa y el Ejército, por considerar que 'hubo una omisión por parte del Ejército al no evitar la desaparición de los siete hombres, teniendo en cuenta que la situación que se vivía en la zona obligaba a las autoridades a adoptar medidas para proteger a la población del accionar de grupos ilegales'.
La condena se refiere al caso de siete hombres que el 14 de agosto de 1996 iban en carro entre los municipios de Puerto Berrío y San Roque, en Antioquia, cuando fueron interceptados por hombres armados del grupo Convivir Guacamayas.
