En respuesta al tema de la excarcelación en masa que se presume se dé cuando entre en vigencia el nuevo Código Penitenciario que pasó a conciliación, el ministro de Justicia, Alfonso Gómez Méndez, aclaró que las libertades se concederán gradualmente y analizando uno a uno los casos de quienes en este momento están procesadas o purgando condenas en las cárceles del país.
Igualmente, Gómez advirtió que aunque uno de los alcances del proyecto es contribuir a solucionar el hacinamiento en los centros penitenciarios, con la medida no se van a beneficiar quienes estén implicados en delitos graves relacionados con violación, corrupción, homicidio, extorsión o secuestro. 'Más allá de soltar presos, la reforma pretende humanizar el problema de las cárceles', destacó Gómez Méndez.
El nuevo código Penitenciario y Carcelario con el cual se modifica la Ley 65 de 1993, tiene más de cien artículos dentro de los cuales se contemplan una serie de beneficios jurídicos y humanitarios para los internos. Entre ellos, el otorgamiento de la prisión domiciliaria para personas cuya pena sea inferior a ocho años y la concesión de la libertad condicional a quienes hayan cumplido las tres quintas partes de la condena. Cabe anotar que actualmente la prisión domiciliaria se determina a aquellos sentenciados a menos de cinco años de cárcel y la libertad condicional se le da a los reos que hayan completado dos terceras partes de la pena.
Así mismo, y como lo explicó el ministro, el código busca además, y entre otros propósitos, que se clasifiquen cárceles para sindicados y para condenados; que se adecuen pabellones especiales para internos por sus condiciones de sexo o raza y que la atención médica se preste directamente a través de una fiducia y no por intermediarios, como pasa actualmente con la EPS Caprecom. En este sentido, se plantea la posibilidad de que los médicos recién egresados puedan cumplir su año de trabajo rural en los reclusorios.
General Gustavo Ricaurte, director del Inpec.
Entre tanto, el general Gustavo Adolfo Ricaurte, director del Inpec, hizo la salvedad de que aunque con la aplicación del nuevo código podrían salir cerca de siete mil reclusos durante los primeros meses del año entrante, el objetivo fundamental de la reforma no radica en despoblar las penitenciarias sino en 'estabilizar el sistema carcelario y penitenciario para continuar con la dignificación en las cárceles'.
Ricaurte le explicó a EL HERALDO que el nuevo código no solo modifica la Ley 65/93 sino también artículos del Código Penal (Ley 599/2000). 'Hay que tener en cuenta que la Ley 65 de 1993, es una ley que en su espíritu es anterior a la promulgación de dicho código y del nuevo Sistema penal Acusatorio (Ley 906/2004), por lo tanto, su eficacia se había reducido', dijo el director del Inpec.
El general coincide con el ministro de Justicia en que la cárcel debe ser la última ratio del sistema penal, y Gómez Méndez considera que los beneficios de libertad condicional, prisión domiciliaria o la cárcel abierta serán para los procesados o condenados por delitos como inasistencia alimentaria, hurto sin violencia o algunas clases de prevaricato. 'No estoy de acuerdo con que todo aquel que cometa un delito deba ir a prisión', puntualizó el ministro.
Aclaró que las libertades se darán de manera progresiva y que desde ya el Inpec prepara un plan de contingencia con la colaboración de la Defensoría del Pueblo y sus abogados a fin de atender la avalancha que se prevé de solicitudes de excarcelación y de derechos de petición.
La cifra. 120 mil 539 internos tiene la población carcelaria del país, según el Inpec. Esto significa un hacinamiento de más del 50%.
