El vicepresidente Angelino Garzón, en una de sus ya habituales cartas públicas, dijo que con motivo de sus opiniones en contra de la discriminación, está dispuesto a recibir en su despacho al Representante Legal de la empresa Alberto VO5, al señor Igor Correa Caicedo, a los directores de los Programas Presidenciales y a los firmantes del derecho de petición que me presentaron algunos integrantes de la Iglesia de Dios Ministerial de Jesucristo Internacional.
'Veo con preocupación que, en las últimas 48 horas por motivos diferentes pero con propósitos comunes, la empresa Albero VO5 y un grupo de personas pertenecientes a la Iglesia de Dios Ministerial de Jesucristo Internacional me han solicitado que me rectifique públicamente de mis palabras en contra de la discriminación, tanto de la población afrodescendiente, como de personas en condición de discapacidad'.
Según el vicepresidente Garzón el defiende la libertad de empresa y religiosa en Colombia. 'Pero mientras viva, muy difícilmente lograrán que reniegue de mis convicciones, como son que la discriminación, la haga quien la haga, sea empresario, servidor público, líder político o religioso, es una ofensa a la diversidad social, a la dignidad de las personas y una clara violación de los derechos humanos', añade en su carta publicada este viernes.
Informó que 'en el caso de la Empresa Alberto VO5 existe una denuncia colocada por el señor Igor Correa Caicedo, Servidor Público Nacional y de origen afrodescendiente, donde expone que, en un almacén de Bogotá con logos por todas partes de la cadena de la marca Alberto VO5, se le discriminó y se le ofendió por ser negro'.
Señala Garzón que 'ni la persona afectada, ni los Programas Presidenciales de Derechos Humanos y de Población Afrodescendientes, ni mucho menos la Vicepresidencia sabíamos o tendríamos la obligación de saber si dicho almacén era una sucursal o una franquicia, lo que sí sabemos es que toda ofensa contra una persona negra, indígena, discapacitada o diversa sexual y religiosamente, es un acto ilegal y una clara violación de los derechos humanos que no se puede permitir en Colombia porque va contra los mandatos de la Constitución Nacional'.
Y sostuvo su postura con respecto a la discapacidad: 'En mi opinión, no son incapacitados y muchas veces están en capacidad de dirigir al Estado, una empresa, un partido político, una organización gremial o cualquier comunidad social o religiosa'.
