La defensa del gobernador del Magdalena, Luis Miguel Cotes Haybech, representada en el abogado Donaldo Duica Granados, espera que mañana miércoles la Procuraduría decrete la prueba fundamental que desvirtúe uno de los cargos imputados dentro del proceso disciplinario que se le sigue por las presuntas irregularidades cometidas en la adjudicación del contrato de la Vía de la Prosperidad.
Dicha prueba tiene que ver, según Duica, en un documento que certifique que para la fecha de adjudicación del contrato (agosto 12 del 2013) estaban vigentes los documentos Conpes, Confis y Ocad que comprometen vigencias futuras, y sobre los cuales el gobernador Cotes sustentó el respaldo jurídico y presupuestal del proyecto vial, y no con base en el convenio 649 de 2013, como lo expuso el Ministerio Público en el pliego de cargos.
Ayer, con la intervención de los apoderados de Claudia Orjuela y de Luis Romero Ariza, culminó la etapa de rendición de descargos en el proceso al mandatario departamental. En este caso también están involucrados Rodolfo Sosa, secretario privado del gobernador, y las dos personas ya nombradas. La primera en calidad de asesora jurídica de la Gobernación, y el segundo, como gerente de proyectos del Magdalena. La próxima diligencia será mañana miércoles a partir de las 10:30 de la mañana, cuando se espera que la Procuraduría decrete todas las pruebas presentadas y solicitadas por la defensa.
Donaldo Duica Granados, apoderado de Cotes Haybech, se mostró satisfecho como se desarrolló la etapa de descargos en la que, según sus palabras, se logró sustentar cómo su defendido no incurrió en faltas gravísimas ni a título de dolo ni de culpa. Igualmente, expresó su confianza por las garantías que ha otorgado el ente de control, del que espera no niegue ninguna de las pruebas.
Contrariamente a la posición del abogado Gustavo Quintero, quien pedirá que se archive la investigación en contra de Claudia Orjuela, Duica Granados aclaró que lo que busca es la absolución de Cotes en este proceso que se podría extender hasta el mes de marzo. El jurista considera además que la reciente decisión de la Corte Constitucional en el sentido de suspender el inicio de la obra de la Vía de la Prosperidad, como medida cautelar, no incide en la defensa de los funcionarios disciplinados.
Explicó el legista a EL HERALDO que se trata de dos escenarios distintos, ya que la Corte resolvió un tema de derechos fundamentales que atañe al Invías y que no tiene injerencia en la situación de carácter disciplinario que se ventila en la Procuraduría. Cabe recordar que la entidad estatal consideró se le estaba violando el debido proceso por las aparentes inconsistencias detectadas en la fase licitatoria.
