El ministro de Justicia, Alfonso Gómez Méndez, ante la inminencia de la puesta en libertad en los próximos meses de más de 400 paramilitares que se acogieron a la Ley de Justicia y Paz, admitió que este marco jurídico 'solo permitió conocer verdades a medias'.
Para el alto funcionario, Justicia y Paz, que se suponía que iba a garantizar 'verdad, justicia y reparación' para las víctimas de las AUC, a duras penas sirvió para 'identificar muchas fosas comunes' y para que se dijeran 'algunas cosas'.
Gómez Méndez, en diálogo con la W Radio, señaló además que 'ahora nos encontramos que estas personas están cumpliendo penas máximas de ocho años (…), que fue lo que el país admitió, el Congreso admitió y, en cierta forma, los tribunales para personas que han cometido toda clase de delitos'.
En este sentido, explicó el ministro que 'fue la sociedad la que aceptó penas de cinco a ocho años para crímenes verdaderamente atroces: motosierras, desaparición y desplazamiento'.
Don Antonio, el primero libre. Por este marco jurídico de desmovilización para los paramilitares, el primero en quedar en libertad el próximo 11 de marzo será Édgar Ignacio Fierro, alias Don Antonio, excomandante del Frente José Pablo Díaz del Bloque Norte de las Autodefensas, que delinquió en el Atlántico y parte del Magdalena.
Don Antonio, detenido el 11 de marzo de 2006, bajo el mando de Rodrigo Tovar Pupo, alias Jorge 40, excomandante del Bloque Norte, habría ordenado el asesinato de al menos 600 personas entre 2003 y 2005.
Su computador, por otro lado, fue la evidencia que inició la parapolítica en el país, pues allí constaban los nexos de alcaldes, gobernadores, concejales, diputados y congresistas que apoyaron la criminal causa de extrema derecha y, así mismo, nombres de personas y empresas que auspiciaron a las AUC, como también el cobro de las extorsiones a comerciantes, ganaderos y empresarios.
Fierro, quien antes de ser paramilitar fue un laureado oficial militar, distinguido con la medalla José María Córdoba, nació en Campoalegre, Huila, el 18 de septiembre de 1975. Terminó su carrera militar el 4 de agosto de 2002, por haber sido capturado por la Policía en momentos en los que hacía un allanamiento sin orden judicial y de civil. Y entró por voluntad propia a las AUC en marzo de 2003, con el frente Mártires, de Valledupar, cuyo comandante era entonces David Hernández Rojas, alias 39, segundo al mando de Jorge 40.
Tres días después de su desarme, el 11 de marzo de 2006, Fierro fue capturado en el condominio Villas Canarias, en Santa Marta, y le fueron incautados dos computadores, dos memorias USB, dos discos compactos, la suma de $106 millones en efectivo, dos celulares, dos pistolas nueve milímetros, una escopeta y dos autos de alta gama.
Con el fin de reparar a sus 1.700 víctimas, Don Antonio entregó la suma de 102’032.700 pesos, una camioneta, dos camperos, una motocicleta y tres inmuebles: un chalet en el conjunto Villas Canarias en Santa Marta y dos garajes en este mismo conjunto.
En las audiencias de Justicia y Paz en la capital, por los 170 crímenes que cometió Don Antonio, estuvo Mercedes Echeverría, una de sus víctimas, quien cuando trabajó como auxiliar de enfermería en Redehospital, donde fue también sindicalista y defensora de los derechos humanos de Anthoc, padeció los asesinatos de tres de sus colegas: Ricardo Orozco, muerto en el 2001; Carlos Barrero, en 2003 y Luis Torres, en 2004.
El caso más sonado que se le atribuye a Don Antonio, que recibía órdenes del extraditado Rodrigo Tovar Pupo, tiene que ver como el asesinato del sociólogo Alfredo Correa De Andreis, en 2004, al igual que el del exconcejal Pedro Pérez Orozco.
Precisamente, en una de las audiencias el exjefe paramilitar reconoció su participación en la muerte de Correa de Andreis y del exalcalde de Santo Tomás Nelson Mejía.
