En medio de la discusión que se adelanta en el Consejo de Estado por las tutelas presentadas a favor del alcalde Gustavo Petro y en contra de la sanción de la Procuraduría, se conoció que el magistrado ponente considera que la destitución e inhabilidad de 15 años contra el burgomaestre atenta contra el derecho al debido proceso.
Por lo anterior, el togado Guillermo Vargas Ayala pide que se revoque la sentencia del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que en cabeza del magistrado Samuel Ramírez, había negado una acción de tutela.
Señala la ponencia del máximo tribunal de lo contencioso administrativo que 'la Procuraduría puso una talanquera al derecho de contradicción, al impedirle al alcalde la posibilidad de refutar con argumentos técnicos y científicos las conclusiones mencionadas en el dictamen'.
Para Vargas, se recaudaron pruebas en el Ministerio Público sin el lleno de los requisitos y desconociendo derechos fundamentales del investigado en medio del proceso disciplinario.
Añade el magistrado que la protección de los derechos políticos de Pero es transitoria 'y está condicionada a que el actor haga uso oportuno del medio de control ordinario disponible ante la Justicia Administrativa', esto es, que el demandante, 'de no interponer la respectiva demanda contenciosa administrativa dentro del término de caducidad dispuesto en la ley para dichos efectos, cesará el amparo constitucional concedido mediante esta providencia'.
De acuerdo a la ponencia, el debido proceso se violó, básicamente, por 'la interpretación que hizo la Procuraduría tanto de las normas del CDU (Código Disciplinario Único) con base en las cuales se cimentaron los cargos y la sanción impuesta, como del procedimiento y del razonamiento plasmado en el acto sancionatorio y su confirmación'.
No obstante, acerca de la competencia de la Procuraduría para sancionar a funcionarios elegidos por el voto popular, el togado señala que 'de ninguna manera riñe con lo establecido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH', que determina que las destituciones para estos funcionarios se den por fallo judicial.
Finalmente, se envía la providencia a la Corte Constitucional para que esta decida si entra a evaluarlo o no.
Por su parte, Petro, a través de su cuenta de Twitter indicó que 'el Consejo de Estado tiene hoy una responsabilidad histórica, eso lo saben también los amigos íntimos del Procurador allí. Si la mayoría de magistrados del Consejo de Estado no aprueba ponencia favorable, esta ya es un hito que muestra la arbitrariedad'.
