Luego de una corta audiencia celebrada ayer en la Procuraduría contra el gobernador de Sucre, Julio César Guerra Tulena -quien no asistió-, por las presuntas irregularidades en la concesión del chance, la delegada dispuso para el próximo jueves 13 de marzo, a las 9 a.m, la diligencia de alegatos de conclusión.
Tras esa audiencia, decretada rápidamente por el Ministerio Público ante la negativa a hacer solicitudes e interponer recursos por parte de la defensa del mandatario sucreño, el ente de control disciplinario tendrá dos días para anunciar su decisión frente a si lo sanciona o no.
La Procuraduría, el pasado 26 de noviembre, formuló pliego de cargos contra el gobernador porque supuestamente 'omitió el deber funcional de ejercer de manera eficaz el control jerárquico sobre la Empresa Comercial de Juegos de Suerte y Azar de Sucre, Emcoazar'.
Las aparentes anomalías se presentaron en la licitación pública LP-EMC-001 de 2013, en la que se otorgaría en concesión la explotación exclusiva del juego de apuestas permanentes, más conocido en la región como el chance.
En el proceso disciplinario también son investigados el exgerente de la empresa Eduin Romero Ángel y el gerente actual, Carlos Augusto Pretelt Geovo.
En aquella ocasión, el Ministerio Público anunció que las averiguaciones iban encaminadas a determinar si el octogenario Guerra Tulena 'permitió que entre el 2 de julio de 2013 y el 12 de septiembre del mismo año se adjudicara y se celebrara el contrato de concesión correspondiente, como consecuencia de un proceso de selección con aparentes irregularidades que favorecían a Aposucre'.
Por esta situación, además, se declaró la caducidad del 'precipitado contrato, sin que al parecer se presentaran las causales previstas en la ley', por lo que el ente territorial dejó de recaudar los recursos de la renta del chance, que van dirigidos al sector de la salud.
Según las pesquisas, Romero elaboró los estudios previos y pliego de condiciones, en los que se contemplaría el requisito imposible de acreditar experiencia por 15 años con un solo contrato, a pesar de que la ley establece que ninguna concesión de juegos de azar puede tener una duración de más de 5 años.
