Anoche se conoció sobre la primera tutela presentada en contra de la decisión adoptada por el presidente Juan Manuel Santos con relación a las medidas cautelares solicitadas por la CIDH en el caso de la destitución de Gustavo Petro como alcalde de Bogotá.
El recurso de amparo constitucional fue presentado por el abogado Evaristo Rodríguez ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, tras considerar que con esta decisión se desconoció la Constitución y la ley porque la misma Corte Constitucional ha establecido que este tipo de medidas tiene un carácter vinculante y por eso las decisiones que tome dicho organismo internacional son de obligatorio cumplimiento en el ordenamiento jurídico interno.
La presentación del recurso se conoció casi seis horas después de que el ministro de Trabajo, Rafael Pardo, asumiera la Alcaldía de Bogotá en calidad de encargado.
Tras firmar en el Juzgado Primero Civil Municipal el decreto 570 de la Presidencia, Rafael Pardo Rueda llegó a un silencioso Palacio de Liévano a asumir su rol como alcalde encargado tras la polémica destitución del cordobés Gustavo Petro a pesar de las medidas cautelares que había dictado para protegerlo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH.
A la entrada de la sede judicial de los despachos civiles, Pardo le dijo a periodistas que lo primero que hará en su mandato interino será 'entrar en conocimiento de todo lo que está ocurriendo, ponerme al servicio de los bogotanos y trabajar en equipo'.
Sobre la renuncia irrevocable que ha presentado el gabinete distrital en pleno, señaló que 'quien quiera seguir trabajando, bienvenido. El gabinete de Bogotá tiene magníficos hombres y mujeres que están trabajando ahí y ojalá puedan seguir, pues ellos conocen el tema'.
Acerca de la ‘Bogotá Humana’, el programa de Petro que por ley deberá cumplir, el jefe de la cartera de Trabajo indicó que va a 'mirar los programas, todos están andando y quiero hacer una revisión completa'.
Ayer, al llegar a la sede distrital, tras ser abucheado por un grupo de ciudadanos que incluso quemaron la Constitución, se reunió con la secretaria general de la Alcaldía, Susana Muhamad, y tiene previsto, así mismo, convocar hoy un consejo de gobierno, primero con los secretarios y, luego, con el gerente de Transmilenio y la Policía Metropolitana.
La ciudad, mientras tanto, siguió ayer su rutina de ocho millones de habitantes y, alrededor de la sede de la Alcaldía, solo daban esporádicas vueltas grupos de militares y policías, sin pretender llamar la atención.
A primeras horas de la mañana, el secretario de Integración Social, Jorge Rojas, explicó en que no se presentará terna para la Alcaldía mientras se convocan las elecciones atípicas, debido a que Petro 'no pertenece a ningún partido político'. Esta decisión se suma a la de presentar renuncia irrevocable desde el próximo 1 de abril ante lo que consideran como una vulneración de los derechos políticos del exburgomaestre.
Sobre el tema, el ministro del Interior, Aurelio Iragorri, aseguró que 'no se presentará ningún vacío de poder' en la ciudad y que en caso de que los Progresistas, partido por el que fue elegido Petro, no presente una terna dentro de los 10 días siguientes, 'se verá si el ministro Pardo sigue como encargado'.
Añadió el jefe de la cartera política que las elecciones atípicas no se convocarían antes de 66 días y tendrían un costo cercano a los 55 mil millones de pesos.
Por su parte, el procurador Ordóñez consideró que la resolución del presidente 'es un espaldarazo a la institucionalidad, es una respuesta clara respecto a la existencia de instrumentos jurídicos y constitucionales del derecho interno, donde los colombianos podemos defender nuestros derechos y garantizar la protección de ellos'.
Acerca de las medidas solicitadas por el ente interamericano, el jefe del Ministerio Público, opinó que 'aquí se presentó un claro desbordamiento de las competencias de la CIDH'.
La CIDH, de su parte, mantiene silencio absoluto sobre la posición adoptada por Santos. Lo que había dicho su secretario ejecutivo, Emilio Álvarez, es que, de ser considerado necesario, se pediría a la Corte IDH, superior a la Comisión y con funciones y competencias de tribunal, que dicte medidas provisionales para buscar restituir los derechos políticos del orense Petro.
Entre tanto, la CIDH se mantiene en reuniones con sus miembros y sigue, igualmente, el estudio de fondo del caso, que tendría una resolución en un tiempo que podría oscilar entre seis a nueve meses.
Petro, tras haber recogido sus cosas del despacho luego del discurso del miércoles, también ha mantenido silencio tras lo que consideró 'un golpe de Estado', ahora, apoyado por la inédita decisión de Santos de negar las medidas solicitadas por el organismo interamericano, que antes nunca había rechazado el país y, de hecho, a pesar de que la Corte Constitucional afirmara la obligatoriedad del acatamiento en varias sentencias.
El último ‘trino’ del exburgomaestre, elegido en 2012 con una votación de más de 700 mil ciudadanos y quien anteayer desde el balcón de Liévano convocó a una Asamblea Nacional Constituyente, fue: 'No nos ganaron ni en la urnas, ni en el corazón ciudadano, ni en la justicia, tuvieron que acudir al golpe y la arbitrariedad'.
Petro llegará a Washington el lunes en compañía de sus abogados para pedirle a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, CorteIDH, superior en jerarquía a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, que intervenga como tribunal en su caso ante la negativa de Santos de acatar las medidas cautelares.
De otro lado, el abogado Jorge Molano presentará este viernes ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara una demanda contra el presidente Santos por haber presuntamente cometido el delito de prevaricato al no acatar la solicitud del ente del Sistema Interamericano.
