La comisión compuesta por los ministerios del Interior, Comercio, Salud, Trabajo y Fiscalía, se reunieron ayer para de reglamentar la ley que aumentó las penas para quienes agredan con ácido a otra persona, sobre todo, tras los tres ataques que se han presentado en la capital del país en los últimos diez días.
Al respecto, el ministro del Interior, Aurelio Iragorri, dijo a periodistas que lo que se persigue es revisar el tema 'para ver qué acciones adicionales tenemos que realizar para atacar este delito' y que estos casos no sigan ocurriendo.
Aclaró el jefe de la cartera política que, aunque es uno de los temas que más se han mencionado, no se puede de buenas a primeras entrar limitar la venta de los más de 2 mil productos que contienen distintas clases de este peligroso químico.
Anunció que entre las medidas que se tomaron se encuentra la habilitación de la línea 155 para atender casos de personas atacadas con ácido y explicó que 'hoy, según lo establecido por la Fiscalía, se puede determinar este delito como un hecho de tentativa de homicidio o de tortura'.
Así mismo, afirmó que la próxima semana estará listo el decreto que reglamentará el aumento de sentencias a agresores con este dañino líquido.
A su vez, el viceministro de Salud, Fernando Ruiz, dijo que dentro de poco aparecerá en la página del Invima la lista de químicos que se podrán vender en el país, luego de una regulación sobre estos ácidos y aseveró que todas las EPS y centros de salud están en la obligación de atender a todos los pacientes, sin importar el régimen al que pertenecen, que lleguen afectados por estos líquidos.
Por su parte, el ministro de Justicia, Alfonso Gómez Méndez, en otro escenario, recordó a fiscales y jueces que la Ley 1639 de 2013, que incrementó las penas para los atacantes con ácido de 8 a 16 años, se puede aplicar desde el año pasado.
Añadió que esta conducta delictiva no es excarcelable en ningún caso y que la aplicación del aumento de las sentencias no depende de reglamentación alguna.
Sobre la comisión, precisó que la reglamentación que adelanta el Gobierno no está relacionada con el delito ni la pena. 'Se refiere es a cómo los ministerios de Salud y de Comercio tienen que regular el mercado de los ácidos o de las sustancias que están siendo empleadas para fines criminales'.
Parte de la reglamentación trataría de definir a quién venderle este tipo de sustancias, en qué cantidad, y qué sustancias son de libre comercio y están siendo utilizadas para agredir a las personas.
Añadió el ministro que los beneficios para el tratamiento físico y sicológico de las víctimas de este tipo de ataques también están vigentes y no requieren tampoco de ningún tipo de reglamentación.
