En diligencia celebrada el pasado 20 de marzo, el exfuncionario del DAS Jorge Armando Rubiano aceptó cargos por tortura agravada y pidió sentencia anticipada en el caso de la periodista Claudia Julieta Duque, que investigaba el homicidio de Jaime Garzón.
En este caso, en el que por primera vez se producirá en el país una condena por tortura contra una periodista, el exsubdirector de Desarrollo Tecnológico del DAS, según la Fiscalía, 'conocía de los objetivos del grupo especial de inteligencia y de la información que se obtenía de cada uno de ellos, entre ellos Duque'.
En el acta que Rubiano firmó voluntariamente también reconoció haber escrito en documentos que contenían información personal y fotos de la residencia de la periodista.
Rubiano señaló, además, que la operación Transmilenio, bajo la cual se efectuó la tortura, era 'un tema de suma relevancia para las altas instancias institucionales (…)', y en la que apoyó 'en el cumplimiento de los objetivos del grupo especial de inteligencia 3 o G3, participando de manera directa'.
No obstante, la participación del ex DAS no solamente se limitó a este campo si no que también 'vulneró la tranquilidad y estabilidad emocional y psíquica de la hoy víctima', indicó la Fiscalía.
En la diligencia, el delegado de la Procuraduría indicó que 'debe tenerse en cuenta que el injusto penal aquí estructurado y aceptado es de lesa humanidad'.
Al respecto del caso, la Fundación para la Libertad de Prensa, Flip, celebra la decisión pero advierte que ha tenido conocimiento de 'hechos recientes y amenazantes contra la periodista en lugares que son habituales para ella y sus familiares. Además, su representante judicial también ha sido objeto de acciones intimidantes durante las últimas semanas'.
Ante los resultados que están por venir, la Flip hizo un llamado a la Fiscalía 'para que maximice esfuerzos en la búsqueda del origen de las amenazas'.
Por otra parte, Duque contó ayer a la Corte Suprema de Justicia, en medio del juicio que se sigue contra el exdirector del DAS Jorge Noguera cómo fue hostigada por parte de la agencia de seguridad y tuvo que exiliarse en dos ocasiones del país.
La periodista narró que recibió hasta 70 llamadas amenazantes diarias durante meses, incluso en contra de su hija menor de edad y que todo empeoró cuando el entonces presidente Uribe desacreditó a los defensores de DDHH y cuando en 2004 se ordenó investigar al DAS por haber desviado investigaciones por el crimen de Garzón.
