El Ministro de Justicia, Alfonso Gómez Méndez, explicó que la recién aprobada Ley 1639 de 2013, que incrementó las penas para los atacantes con ácido de 8 a 16 años, es aplicable desde el momento mismo de la sanción de la norma, sin que sea excarcelable en ningún caso y sin que su aplicación dependa de reglamentación alguna.
'La reglamentación que adelanta el Gobierno no está relacionada con el delito ni la pena. Se refiere es a cómo los Ministerios de Salud y de Industria y Comercio tienen que regular el mercado de los ácidos o de las sustancias que están siendo empleadas para fines criminales. Quiero que quede claro que no hay relación entre esta reglamentación y los hechos que se han registrado; ni ello supone tampoco pensar que es un resquicio para dejar de aplicar la Ley penal en estos casos', indicó Gómez Méndez.
El alto funcionario agregó que además de las penas, los beneficios para el tratamiento físico y sicológico de las víctimas de este tipo de ataques están vigentes y no requieren tampoco de ningún tipo de reglamentación: 'Más importante que el monto del castigo es la certeza de que los responsables van a ser capturados y procesados. La misma celeridad de los últimos casos registrados debe aplicarse en todos. Y los fiscales y jueces deben aplicar la Ley de manera contundente', indicó.
El Ministro también explicó que sí depende de la reglamentación definir a quién venderle este tipo de sustancias, en qué cantidad, qué sustancias son de libre comercio y están siendo utilizadas para agredir a las personas.
Ante las inquietudes de los medios de comunicación, el jefe de la cartera de Justicia manifestó que la figura de inimputabilidad existe en el derecho universal y que confía en el criterio de los jueces para aplicarla: 'Es claro que no va a ser un pretexto para aplicar la Ley. O dicho en otros términos, no basta con que alguien se haga el loco para aplicar la norma', indicó el Ministro.
Gómez Méndez también hizo un llamado a los medios de comunicación y a los funcionarios públicos para que cumplan con responsabilidad el papel de informar: 'Es natural y explicable la indignación del ciudadano del común frente a estos hechos, pero quien tenga responsabilidades políticas y públicas tiene que orientar a la opinión. A alguien, hoy, no se le ocurriría que le corten la lengua al calumniador, eso desapareció hace cientos de años. Una cosa es la reacción del afectado y otra la reacción del Estado', aclaró.
El jefe de la cartera de justicia reiteró la solidaridad absoluta con las víctimas y sus familias: 'El Gobierno ve la inocultable gravedad en que estos hechos, que atentan gravemente a los seres humanos y particularmente a la mujer, se hayan venido intensificando; y expresamos toda nuestra solidaridad con las víctimas y con sus familiares'.
