Luego de que fueran escuchadas en Cartagena un centenar de víctimas de los exparamilitares Salvatore Mancuso y otros bajo su mando, y de que fueran documentados casi 5 mil casos de afectaciones por el cruel accionar de este extinto grupo ilegal, comenzó ayer en la capital el incidente de reparación como tal, en que los representantes de las víctimas gestionan un reconocimiento integral del Estado a sus defendidos.
En la diligencia, desarrollada en el Tribunal de Justicia y Paz, la magistrada de esa unidad de justicia transicional, Léster González, pidió a los abogados que no tasaran en cifras descomunales los salarios o el dinero que ganaban las víctimas al momento de ser asesinados o desaparecidos, por respeto a la administración de justicia.
La togada, así mismo, recordó a las partes que 'la integralidad de las reparaciones es una suma de acciones que emprende el Estado y no solamente son las indemnizaciones administrativas' a las víctimas, en su mayoría, de la región Caribe y del Norte de Santander.
En la audiencia, a través de videoconferencias, participaron, además de Mancuso, quien se encuentra extraditado en los Estados Unidos, alias Don Antonio desde La Picota, El Iguano desde Cúcuta y desde Cartagena, Barranquilla, Montería e Itagüí los desmovilizados Leonardo Sánchez, 120, Miguel Posada, Julio Argumedo, Carlos Tijeras, Juancho Dique, Tolemaida, Hernando Fontalvo y Mauro.
Al respecto, el director del Colectivo de Abogados Opción Jurídica, Arturo Mojica, representante de varias de las víctimas, le explicó a EL HERALDO que hasta ahora la Fiscalía 12 de Justicia y Paz 'ha cumplido con las etapas de imputación de hechos, formulación de cargos y legalización'.
Precisó, además, que lo que se hizo en Cartagena fue 'darle un espacio a las víctimas para que ellas manifestaran todo lo que les había sucedido con sus seres queridos'.
La Fiscalía, por su parte, informó que en la capital bolivarense 'un total de 1.020 víctimas de los bloques Montes de María, Catatumbo, Córdoba y Norte de las AUC asistieron a la audiencia de afectaciones hasta el martes', donde fueron escuchadas alrededor de 133 víctimas, 20 de ellas de violencia de género.
En esta ocasión fueron priorizados alrededor de 1.400 hechos entre los cuales se destacan las masacres de El Salado, San Isidro y Caracolí, Bajo Grande, Cienaguita, Nueva Venecia y Playón de Orozco.
Señaló Mojica que 'lo que se va a hacer en Bogotá es que los representantes de victimas desarrollarán un incidente de afectaciones que trae la Ley 975 de 2005, que fue reformada por la 1592 de 2012, con el fin de solicitar una reparación para cada una de las víctimas'.
Las audiencias en la capital irán hasta el próximo viernes y, posteriormente, el Tribunal de Justicia y Paz tendrá entre 6 y 10 días para dictar sentencia.
