Estos fueron algunas de las peticiones de la Procuraduría para garantizar que no se favoreciera a una firma en especial:
Revisar cláusulas de los pliegos para que fueran totalmente objetivas, claras y completas y, así, no inducir a error a los proponentes, ya que se advirtieron eventuales vacíos para definir requisitos técnicos mínimos habilitantes, que podrían delimitar su idoneidad en la operación del juego del chance.
Hubo observaciones en relación con los factores de evaluación y en lo que respecta a los temas tecnológicos, basando este último en buscar que las empresas introduzcan nuevos y mejores servicios que permitan a la entidad contar con operadores que ofrezcan la última tecnología y que ejerzan un mayor control y supervisión adecuados a las ventas y al cumplimiento de las obligaciones contractuales.
La Procuraduría pidió evaluar la posibilidad de incrementar el porcentaje de venta en línea del juego de chance para reducir la venta manual y combatir el juego ilegal.
Se recomendó establecer en los pliegos un sistema de mayor confiabilidad o seguridad del que actualmente cuenta el operador y se solicitó aclarar cómo un eventual proponente, diferente al actual concesionario, puede acreditar el ofrecimiento de la mano de obra local, ya que, según el Ministerio Público, tal como estaban los pliegos parecía que el único que lo podía hacer era el actual contratista (Unicat), factor que otorgaría puntos adicionales, según la licitación.
La decisión impactó a la opinión pública, aunque el Gobernador, como presidente de la junta directiva de la Lotería, sofocó el 'incendio' pidiendo que se cumplieran las recomendaciones del organismo y que regresaran a la labor de acompañamiento del proceso.
