'A mí no me pregunten por víctimas que todas las picamos y las botamos a los ríos'. Era una de las lacónicas y crueles respuestas que solían escuchar las víctimas de Ramón María Isaza Arango, alias ‘el Viejo’, durante las audiencias de Justicia y Paz en las que, se suponía, los mártires de la barbarie paramilitar, como consuelo, esperaban saber la verdad sobre sus muertos.
Uno de los fundadores del paramilitarismo en Colombia, podría recobrar su libertad sin haberlo confesado todo, advierten defensores de derechos humanos luego de conocerse su condena de 40 años y su posibilidad de acogerse a una pena alternativa.
Se dice que Isaza (nacido en Sonsón - Antioquia en 1940), estaría sufriendo del mal de Alzheimer, sin embargo, para defensores de derechos humano queda la duda de si la enfermedad es real o simplemente es una estrategia del postulado para desviar la investigación o evadir sus responsabilidades.
El abogado Alirio Uribe Muñoz, representante de víctimas e investigador de la violencia paramilitar en el país, aunque comparte los presupuestos de la justicia transicional como un mecanismo de resolución del conflicto, advierte que no se están cumpliendo todas las condiciones para que los cabecillas de las AUC se acojan a los beneficios de Justicia y Paz (Ley 975 de 2005).
Por una parte, uno de los requisitos de la ley es que los grupos se hayan desmovilizado por completo, pero lo que demuestran los hechos es que los mismos paramilitares revelaron cómo se dieron las órdenes para que sus estructuras no se desintegraran plenamente.
Otro aspecto, contemplado en los artículos 10 y 11 de la ley de Justicia y Paz, y que no se cumple a cabalidad, es el compromiso de verdad, justicia, y reparación, así como el de pedir perdón, que deben asumir los criminales frente a sus víctimas.
Uribe Muñoz hace referencia a la ambigüedad que hay frente al tema de devolución de bienes, pues mientras se estima que los paramilitares usurparon más de cinco millones de hectáreas, sólo han devuelto cerca de 200 mil. Además —aclara— se está violando la ley cuando las tierras con las que se repara a las víctimas son contabilizadas a favor de cada grupo y no para cada individuo o caso en particular.
A pesar de las advertencias y de las denuncias, Isaza Arango, quien permanece preso en la cárcel La Picota de Bogotá, podría quedar en libertad el próximo primero de julio, luego de que un juez del Tribunal de Justicia y Paz fijara su sentencia en ocho años de prisión al encontrarlo responsable en la comisión de más de mil hechos criminales y 19 masacres. Estos hechos fueron perpetrados desde 1970 en los departamentos de Antioquia, Tolima, Cundinamarca y Caldas.
Isaza, junto con los demás miembros de las Autodefensas Campesinas del Magdalena Medio (Acmm), se había acogido en el 2006 a la Ley de Justicia y Paz, el plan de desmovilización promovido por el gobierno de Álvaro Uribe Vélez a cambio de una rebaja sustancial de penas.
Aunque la estructura de Isaza, representada en 990 hombres, se desmovilizó el 27 de febrero de ese año (2006) entregando 754 armas, el comandante solo lo hizo cuatro meses después.
A pesar de que la sentencia lo condena a 40 años de cárcel, Isaza, también conocido con los alias de Moncho o Munra, solo pagará los ocho años de prisión estipulados en la señalada ley que les permitió en su oportunidad desmovilizarse a los principales jefes paramilitares, algunos de los cuales fueron extraditados a Estados Unidos como el Tuso Sierra (actualmente en libertad) y Salvatore Mancuso, alias Jorge 40, alias Cuco Vanoy y alias HH, entre otros.
La sentencia, que además contempla el pago de 17.100 salarios mínimos legales, cobija al hijo del comandante Oliverio Isaza Gómez alias Terror y a otros cabecillas de la estructura criminal de las Acmm como Luís Eduardo Zuluaga Arcila, alias Mac Gyver, Walter Ochoa Guisao, alias Gurre y John Fredy Gallo Bedoya, alias Pájaro, cuyas solicitudes de libertad ya están en trámite, al igual que la de Isaza.
Se conoció que la investigación que soporta la sentencia incluye testimonios de más de 300 víctimas y sus familiares, al igual que información relacionada con las escuelas de entrenamiento político-militar dirigida por el israelí Yair Klein y de las que hicieron parte paramilitares reconocidos con los alias de Mono Leche, Ernesto Báez, Ponzoña, Botalón y el Águila.
En el fallo el juez aclara que de comprobarse, en el transcurso de la pena ordinaria de cuarenta años, que los postulados que saldrán beneficiados con la libertad no denunciaron, no ofrecieron o no entregaron todos los bienes adquiridos por la organización criminal, inmediatamente perderán el beneficio de la pena alternativa.
La sentencia contra Isaza es la número 16 que los tribunales de Justicia y Paz dictan desde que entró en vigor la ley de Justicia y Paz y la segunda en contra de un jefe, pues el 30 de octubre del 2013, Ever Loaiza, alias HH, había sido conminado a una pena de siete años tras confesar en Colombia ceca de tres mil delitos.
