Después de 17 años de la masacre de Pichilín, Colosó, en una de las primeras incursiones atribuida a los paramilitares en Sucre, el Consejo de Estado condenó a la Policía y a la Armada Nacional a pagar más de 3 mil millones de pesos de indemnización a la familia de cinco de los doce campesinos asesinados en ese acto violento ocurrido el 4 de diciembre de 1996.
Según el fallo del alto tribunal, las pruebas aportadas al proceso demostraron que tanto la Policía como la Armada fueron cómplices de la masacre al prestar su colaboración para facilitar la maniobra de los paramilitares que operaban en esa región, removiendo los puestos de control que existían en la vía por donde transitó ese grupo al margen de la Ley.
Los testigos manifestaron que el grupo, integrado por 50 paramilitares, incursionó en el corregimiento bajo las órdenes de Salvatore Mancuso Gómez, hoy extraditado a EEUU.
Según el relato, los hombres eran interrogados en la plaza principal y las mujeres y los niños encerrados en el puesto de salud. Los ‘paras’ saquearon las humildes viviendas de los campesinos llevándose el dinero, prendas de vestir y otros objetos de valor que encontraron a su paso.
Los 12 campesinos fueron torturados y asesinados por los paramilitares en grupos de 2 y 3, sus cuerpos fueron dejados de manera dispersa a lo largo de la carretera que de Colosó conduce a San Antonio de Palmito.
'La ayuda suministrada por los uniformados fue determinante para llevar a cabo el macabro plan de ‘limpieza’ de las AUC… Además, está probado que conocían con antelación que se iba a llevar a cabo tan execrable conducta y no solo guardaron silencio al respecto y no hicieron nada por evitarla, sino que además lo que resulta más reprochable es que estuvieron de acuerdo con la misma', indica la sentencia.
Para la Sección Tercera, con ponencia del magistrado Enrique Gil Botero, mucho antes de ocurrida la masacre los habitantes de la región denunciaron ante las autoridades que eran víctimas de constantes amenazas e intimidaciones por parte de las AUC, por lo que el Estado debió reforzar la vigilancia y protección de todos los pobladores.
'No se comprende cómo ante la evidente y latente amenaza que se cernía sobre los habitantes de la región y la inminente puesta en marcha de un plan dirigido a acabar con la vida de gran parte de los campesinos, bajo el supuesto de hacer parte de la guerrilla, las Fuerzas Armadas no hicieron nada para contrarrestar el accionar de estos grupos y proteger a la población civil, sino que permitieron que éstos actuaran con tranquilidad', señala la sentencia.
La Sala explica que, ante hechos como los ocurridos en Sucre, el Estado tiene la obligación ética y jurídica de reparar a las víctimas del conflicto, proceso que debe ir más allá de la preocupación por castigar a los victimarios para centrar sus esfuerzos en la dignificación de las mismas.
La sentencia indica que es necesario incluir en los programas y políticas de reparación medidas que procuren la recuperación de la víctima en su entorno individual, junto con otras que incluyan al resto de la comunidad a la que pertenece, pues de lo contrario el proceso se quedará a medio camino.
La Sección Tercera también le ordena a la Policía y la Armada realizar una ceremonia conmemorativa en el corregimiento de Pichilín, en la que ofrezcan disculpas públicas por su responsabilidad en los hechos y deberán instalar una placa en la plaza central con los nombres de los fallecidos como acto reivindicatorio de la dignidad de las víctimas y sus familiares.
Además, tendrán que brindar tratamiento psicológico y psicosocial a cada uno de los demandantes, haciendo especial énfasis en las mujeres, menores de edad y adultos de la tercera edad.
Adicionalmente, la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas deberá incluir a los demandantes y a la comunidad de Pichilín en los programas de reparación colectiva que se adelantan para que sus habitantes puedan a acceder a los beneficios que ofrecen estos.
