En una plenaria precedida por la condecoración a la contralora de la República saliente, Sandra Morelli Rico, los senadores escucharon las propuestas de los tres candidatos a sucederla en el próximo cuatrienio. En su orden, se presentaron ante una mermada plenaria del Senado los juristas Carlos Ardila Ballesteros, Edgardo Maya Villazón y Gilberto Rondón.
El excongresista Ardila Ballesteros, egresado de la Universidad Libre, criticó que el control fiscal se hace de manera dispersa donde cada una de las 63 contralorías, de ellas 32 departamentales y 30 locales, manejan un plan de acción distinto; por eso, al momento de las preguntas formuladas por los legisladores, se mostró de acuerdo en centralizar el control fiscal.
El candidato habló de la ineficiencia administrativa en las labores de ejecución del ente de control, de ahí que su propuesta tiene la misión de implementar el mejoramiento del organismo mediante un marco normativo que permitan mejorar las funciones. Una iniciativa que iría dando a conocer a través de diferentes proyectos que presentará al Congreso.
A su turno, el exprocurador vallenato, Edgardo Maya Villazón se refirió a que las expectativas de control no se están cumpliendo porque este se desarrolla tardíamente, de tal manera, que planteó un primer debate de control encaminado a fortalecer de inmediato la función pública. Para Maya Villazón es una contradicción que al interior de la Contraloría no exista la doble instancia porque 'es un inconveniente el hecho de que un mismo funcionario haga investigación y luego él mismo sancione.
Maya, que estuvo al frente del Ministerio Público entre el 2001 y el 2009, se mostró vehemente al momento de denunciar dos razones que han hecho carrera y por las cuales él estaría inhabilitado o tendría limitantes para ejercer en la Contraloría. La primera, que el contralor tiene una edad de retiro forzoso a los 65 años, lo que implicaría que de ser elegido, tendría que abandonar sus funciones dentro de dos años.
Edgardo Maya Villazón, es uno de los aspirantes a la contraloría.
'No hay ninguna norma en los reglamentos de la Contraloría que así lo establezcan', recalcó Maya Villazón. Seguidamente habló de la segunda razón y es aquella referente a que por haber sido conjuez de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado, estaría impedido para postularse a la Contraloría. Agregó que la misma demanda se presentó contra Sandra Morelli, y que dicha acción no prosperó.
Recordó que hay una sentencia del Consejo de Estado que establece que la función de conjuez es de carácter transitorio y no representa un cargo público permanente.
Gilberto Rondón expuso sus propuestas para modernizar la Contraloría.
El último en presentarse fue el exparlamentario Gilberto Rondón, quien dio una serie cifras luego de exponer un cuadernillo en el que, dijo, están consignadas sus propuestas para modernizar la Contraloría y combatir la corrupción. Se refirió al bajo índice de recuperación de los dineros usurpados al Estado, apenas del uno por ciento.
Afirmó que la Contraloría, con un presupuesto cercano al billón de pesos (casi la mitad por concepto de regalías), puede funcionar óptimamente. Según él, la cobertura del control fiscal está en el 18 por ciento, mientras que su meta es llegar por los menos al 60 por ciento. Insistió en que la gestión de la Contraloría debe ser de carácter preventivo y no cuando el dinero ya se lo hayan robado. Prometió que en cuatro años recuperaría al menos la mitad del dinero sustraído a la Nación. Finalmente, enfatizó que sus dotes para reemplazar a Morelli Rico son la experiencia, el conocimiento y sus valores éticos y morales a toda prueba.
Hoy los ternados serán escuchados en la plenaria de la Cámara de Representantes y el próximo 19 de agosto, un día antes de que se venza el plazo, el Congreso en pleno debe elegir al próximo contralor general de la República.
Denuncias contra los ternados
Dos oficios fueron radicados ante la Secretaría del Senado, según hizo lectura el funcionario Gregorio Eljach Pacheco, y tienen que ver con demandas contra los ternados, cuyos nombres no reveló. Aunque sí se sabe que la Red de Veedurías Ciudadanas en cabeza de Pablo Bustos demandó la candidatura de Carlos Ardila Ballesteros por los escándalos de corrupción que enfrentó cuando ejerció como presidente de la Cámara. A su vez, Gloria María Borrero, directora de la Corporación Excelencia en la Justicia, radicó un escrito en el que tilda de lamentable que las Cortes insistan en la postulación de personas provenientes de la política para desempeñar los cargos de control.
