El Gobierno de Colombia no tiene base jurídica para solicitar a la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya que se declare 'sin competencia' para conocer del reclamo de Nicaragua sobre una plataforma continental extendida en el mar Caribe, opinó hoy un experto nicaragüense en la materia.
'Lo que Colombia pretende argumentar es que la Corte ya rechazó la solicitud de Nicaragua en la sentencia del 19 de noviembre de 2012, pero eso no es cierto. Lo que sucede es que esa información era preliminar en ese momento', explicó el jurista internacional y rector de la universidad American College de Managua, Mauricio Herdocia.
El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, informó de que su Gobierno pidió formalmente a la CIJ que se declare 'sin competencia' para aceptar la demanda con la que Nicaragua reclama una plataforma continental extendida en el mar Caribe, presentada en septiembre de 2013, la cual calificó de 'inadmisible'.
'El argumento de Colombia se cae porque una cosa es la posición de Nicaragua, que era preliminar en 2012, y otra ahora que Nicaragua completó la información sobre su posición a cerca de la plataforma continental extendida', sostuvo el experto.
Por otra parte, la sentencia de la CIJ no excluyó los derechos de los Estados de solicitar una plataforma continental extendida a la Convención, con lo cual, cualquier Estado puede echar mano de sus derechos, anotó.
La petición presentada este jueves por el Gobierno colombiano a la Corte de La Haya es lo que en el argot diplomático se conoce como 'Demanda de Excepciones Preliminares'.
En la demanda presentada el 16 de septiembre de 2013, Nicaragua le pidió a la CIJ que le conceda una plataforma continental más allá de las 200 millas náuticas desde su costa en el Caribe en base a la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho al Mar.
El 19 de noviembre de 2012, la CIJ definió los límites marítimos de Nicaragua y Colombia en el Caribe, dejando bajo soberanía colombiana siete cayos del archipiélago de San Andrés, cuyas islas mayores ya se habían concedido a Bogotá en 2007.
A Nicaragua le otorgó una franja marina en esa zona que Colombia calcula en unos 75.000 kilómetros cuadrados y el país centroamericano estima en más de 90.000 kilómetros cuadrados.
Colombia considera 'inaplicable' ese fallo de la CIJ hasta que no se celebre un tratado que respete los derechos de los colombianos en la zona y porque, según la Constitución, los límites del país no pueden ser modificados por una sentencia internacional sino por acuerdos aprobados por el Congreso.
El 27 de noviembre del año pasado, Nicaragua presentó otra demanda contra Colombia ante la Corte de La Haya por incumplimiento de la sentencia de ese tribunal y porque supuestamente amenaza con el uso de la fuerza en la zona.
