Al hallar que hubo un 'modus operandi tendiente a la desaparición forzada de personas consideradas como sospechosas' por parte de la fuerza pública colombiana en los hechos que se produjeron el 6 y 7 de noviembre de 1985 en la retoma del Palacio de Justicia, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Corte IDH, resolvió condenar al Estado y le ordenó investigar y sancionar a los responsables, buscar a los desaparecidos y pedir perdón públicamente por lo ocurrido. (Leer fallo de la Corte IDH sobre el Palacio de Justicia)
'La Corte consideró demostrado que existió un modus operandi tendiente a la desaparición forzada de personas consideradas como sospechosas de participar en la toma del Palacio de Justicia o colaborar con el M-19. Los sospechosos eran separados de los demás rehenes, conducidos a instituciones militares, en algunos casos torturados y/o desaparecidos', se lee en la información de la sentencia, de 212 páginas y fechada el 14 de noviembre pasado pero notificada ayer.
Concretamente, la Corte IDH halló responsable al Estado colombiano por 'las desapariciones forzadas' de siete empleados de la cafetería del Palacio: Carlos Rodríguez, Cristina Guarín, David Suspes, Bernardo Beltrán, Héctor Beltrán, Gloria Lizarazo y Luz Portela. Así como de los dos visitantes Lucy Oviedo y Gloria Anzola. Y de la guerrillera del M-19, Irma Franco.
También es culpable la fuerza pública de la época de 'la desaparición forzada y posterior ejecución extrajudicial' del magistrado auxiliar Carlos Urán.
El tribunal interamericano, en su condena número 15 contra el Estado colombiano, lo sentencia por 'las detenciones arbitrarias e ilegales y torturas o tratos crueles y degradantes sufridos' por los entonces estudiantes de derecho del Externado, quienes fueron considerados como sospechosos de colaborar con la guerrilla, Yolanda Santodomingo, Eduardo Matson, Orlando Quijano y José Rubiano.
Igualmente, halla la Corte IDH responsabilidad estatal en 'la falta de esclarecimiento judicial de los hechos', que ha afectado a 138 familias víctimas, y lo castiga por lo que considera 'el incumplimiento de su deber de prevención frente al riesgo en que se encontraban los ocupantes del Palacio'.
Frente a las diligencias judiciales por el caso, en el fallo se lee que el Estado 'incumplió su obligación de iniciar una investigación de oficio, inmediata y efectiva, omitió realizar las actividades de búsqueda necesarias para localizar el paradero de los desaparecidos y esclarecer lo sucedido, así como no actuó con la debida diligencia en las primeras diligencias de la investigación y, en menor medida, en las investigaciones desarrolladas actualmente en la jurisdicción ordinaria. Por último, la Corte constató que la investigación de estos hechos no ha respetado la garantía del plazo razonable'.
De otro lado, la Corte Interamericana absuelve a Colombia por las desapariciones forzadas de Ana Rosa Castiblanco -ayudante de cocina del Palacio cuyo cuerpo fue hallado 16 años después en una fosa común- y Norma Esguerra -vendedora de comida, de quien aún se desconoce su paradero-, pero advierte que 'sí era responsable de haber incumplido su deber de garantizar el derecho a la vida de ambas víctimas'.
En las reparaciones 'por concepto de daños materiales e inmateriales y por el reintegro de costas y gastos', el tribunal ordenó pagar 45 mil dólares a Cristina Guarín, 38 mil dólares a Bernardo Beltrán, 35 mil dólares a Luz Portela y 5 mil dólares a Irma Franco.
Y 10 mil dólares a Yolanda Santodomingo, Orlando Quijano, Eduardo Matson y José Rubiano. También 40 mil dólares para cada uno de ellos por las violaciones sufridas, así como 15 mil dólares para cada uno de sus familiares.
El Estado deberá pagar además 100 mil dólares a favor de las 11 desaparecidos, 80 mil dólares para madres, padres, hijas e hijos, cónyuges, compañeros y compañeras permanentes y 40 mil dólares por los hermanos.
Igualmente, se indemnizará con 80 mil dólares a Norma Esguerra, 70 mil a Ana Castiblanco y 20 mil a sus familiares.
Por último, se deberá pagar 61 mil dólares por los gastos de representantes de víctimas.
La Corte IDH, con sede en San José de Costa Rica, recibió el caso de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Cidh, el 9 de febrero de 2012, tras la demanda presentada hace 25 años por las víctimas, representadas por el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, Cajar; la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz; los abogados Jorge Molano y Germán Romero y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, Cejil.
En la decisión, aclaró el ente, no participó el presidente de la Corte, el cartagenero Humberto Sierra Porto, por reglamentación del propio tribunal.
Estudiaremos la sentencia: Gobierno
Tras la decisión, el Gobierno emitió un comunicado en el que 'lamenta los hechos ocurridos' y 'acompaña a todas las víctimas en el establecimiento de la verdad'.
Afirma el Ejecutivo que el Estado 'en varias ocasiones (…) ha aceptado su responsabilidad ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos como muestra de su buena fe y de su deseo de lograr una reconciliación con las víctimas'.
Señaló además que ha emprendido acciones para la reparación integral de las víctimas y que en los casos que han sido probados, las víctimas del Palacio de Justicia han obtenido su indemnización.
Anuncia que seguirá trabajando 'por el esclarecimiento de los hechos', pero advierte que 'hay que reconocer que las Fuerzas Armadas de Colombia hoy son instituciones muy apreciadas y respetadas por el pueblo colombiano, gracias a su permanente modernización y avances en la protección de los DDHH'.
Finalmente, asegura que estudiará detalladamente la sentencia 'para establecer cuáles son las implicaciones de la misma y determinar su verdadero alcance'.
Ojalá los encontremos: víctimas
Pilar Navarrete, esposa de Héctor Beltrán, uno de los desaparecidos en la retoma, le dijo a EL HERALDO que este 'es un fallo gratificante', aunque 'la justicia tardía no es justicia, y durante décadas nos ha sido negada la verdad'.
Lo que esperan ahora los familiares de los desaparecidos, señala, es que 'ojalá la condena sea cumplida en muy corto tiempo, en el año que ordena la sentencia, y podamos encontrar los restos de nuestros familiares'.
Sobre el recurso de casación de la condena de 30 años contra el coronel (r) Alfonso Plazas Vega, interpuesto por el procurador Alejandro Ordóñez y cuya ponencia del magistrado de la Corte Suprema, Luis Guillermo Salazar, pide absolver al alto oficial retirado porque 'no existen pruebas contundentes', Navarrete advirtió que 'esperamos también que el fallo frene la ponencia del magistrado Salazar para liberar a Plazas Vega'.
Entre lo aún pendiente en este caso, señala la viuda, están además 'la aceptación de responsabilidad por parte del Estado, el pedido de perdón que nunca se ha hecho, y también que las condenas a los militares sean pagadas en un lugar apropiado y no en las cuarteles militares, de donde se evaden cuando quieren, y también que se difunda lo que ha sucedido como una reparación simbólica'.
Colombia debe acatar sentencia: ONU
El representante de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Todd Howland, advirtió que Colombia deba acatar la sentencia: 'esto es fundamental en este momento de proceso de paz, que haya un reconocimiento de parte del Estado de sus violaciones del pasado'.
Agregó el representante de la ONU que 'el Estado colombiano hizo un tratado, es una obligación, es la ley, la Corte Interamericana tomó una decisión porque el Estado no actuó como debe ser frente a esta violación'.
El caso
El 6 de noviembre de 1985, el comando guerrillero 'Iván Marino Ospina, del M-19 se tomó de forma violenta el Palacio de Justicia. El Ejército, desde agosto de ese año tenía información del servicio de inteligencia que indicaba que se perpetraría este hecho.
Sin embargo, dos días antes de la toma, de forma repentina, fue retirada la seguridad que brindaba la Policía Nacional a los jueces y personal que trabajaba en el Palacio de Justicia.
Entonces, los altos mandos de las Fuerzas Armadas decidieron recuperar el Palacio de Justicia a través de un operativo militar y de inteligencia que sólo cesaría 27 horas después. Durante la operación, de aproximadamente 250 rehenes murieron aproximadamente 100 personas, incluyendo magistrados de la Corte Suprema y el Consejo de Estado.
Veintinueve años después, aún se desconoce el paradero de 11 víctimas desaparecidas. Y a la fecha, existen dos condenas en firme por el caso de desaparición forzada de las víctimas: una por 35 años en contra del general (r) Jesús Armando Arias Cabrales por la desaparición forzada de 5 de las 12 víctimas, y la otra de 30 años en contra del coronel (r) Luis Alfonso Plazas Vega, por la desaparición forzada de Irma Franco y Carlos Rodríguez Vera.
También el caso del coronel (r) Edilberto Sánchez espera decisión de primera instancia en el Juzgado 55 de Conocimiento de Bogotá y se encuentra en apelación el proceso del general (r) Iván Ramírez Quintero, quien en 2011 fue absuelto junto al sargento (r) Gustavo Arévalo y al mayor (r) Fernando Blanco.
Entre tanto, en abril de 2013, el Juzgado 2 de Conocimiento de Bogotá condenó a nueve guerrilleros del extinto M-19, entre ellos la desaparecida Irma Franco, por la toma al Palacio, a pesar de que los procesos contra los rebeldes cesaron con el indulto del proceso de paz.
