Pasada una semana desde que se conoció el escándalo de supuesta corrupción en la Corte Constitucional, con su principal protagonista, el magistrado monteriano Jorge Pretelt, apartado indefinidamente de su cargo como presidente del alto tribunal y con pesquisas penales y políticas surtiéndose en la Fiscalía y el Congreso, surgen dos interrogantes inevitables en ambos frentes.
El primer interrogante es qué debe hacer la Corte Constitucional, la guardiana de la Carta Magna y el órgano de cierre de la tutela -casi que único escudo del ciudadano común en el país-, para recuperar la credibilidad perdida y, el segundo, de qué manera debe sacudirse la Comisión de Acusaciones de la Cámara de toda una historia de inoperancia para tomar decisiones firmes en este caso y darle paso con ‘dignidad’ al eventual Tribunal de Aforados que, en sí, constituye también una incógnita más en medio de la gran sombra de impunidad que dibuja la figura de los aforados en Colombia.
Estos cuestionamientos les fueron planteados por parte de este diario a la integrante de la Comisión de Acusaciones, la representante a la Cámara por la Alianza Verde, Angélica Lozano; al presidente del Congreso, el senador barranquillero del Partido deLa U, José David Name, y al congresista del Polo Democrático y exdirector del Colectivo de Abogados ‘José Alvear Restrepo’, Cajar, Alirio Uribe, quien asegura que es necesario quitarles las funciones electorales de las cortes para frenar actos de corrupción, como el denunciado.
Cómo recuperar la credibilidad de la Constitucional
Hay que elevar el nivel: Lozano
Para la congresista, en la Corte 'hay una responsabilidad de quienes ternan: de aquí al 2017 se van a elegir seis magistrados de la Corte Constitucional. Esa es una gran responsabilidad, hay que elevar el nivel y adoptar unos procedimientos de escrutinio público. Porque entre la postulación del magistrado Pretelt por parte de (Álvaro) Uribe y la elección solo pasaron seis días hábiles, en contraste con lo que sucede en los Estados Unidos, donde, por ejemplo, la magistrada Sonia Sotomayor, de la Corte Suprema de ese país, fue analizada durante 53 días, y ese tiempo da para que la gente corrobore su trayectoria jurídica, su producción académica, la evaluación de sus sentencias previas, su mundo público'.
Hay que aclarar rápidamente: Name
En la consideración del presidente del Legislativo, este escándalo 'le hace mucho daño a la justicia en Colombia', y por el bien de esa justicia, lo que hay que hacer es 'aclarar rápidamente ese tema y esa situación presentada en la Corte, y por eso solicitamos a la Comisión de Acusaciones que actúe con celeridad y aclare al país cuál es la verdad'. Agrega el congresista barranquillero que la Corte Constitucional 'es una de las cortes, hasta este incidente, con mayor credibilidad en el país', porque, anteriormente, señala, 'la Corte no había tenido ningún ruido y su imagen era positiva', por lo que, considera: 'las mismas cortes deben hacer una autocrítica y corregir todas estas situaciones'.
Se debe evitar la politización: Uribe
Señala el representante a la Cámara por la izquierda, que 'frente a una acusación tan grave, donde están involucrados dos magistrados, creo que, por lo menos, por una responsabilidad política, Pretelt no debería fungir como presidente de la Corte Constitucional'. Sobre los mecanismos para nombrar magistrados y sobre las mismas competencias de los magistrados para nombrar funcionarios, Uribe cree que 'hay que quitarle a las cortes las funciones electorales, ... y debe haber unos mínimos de idoneidad y capacidad que permitan garantizar que a las altas cortes lleguen las personas confiables, independientes, y sobre todo evitar la politización de las cortes'.
Qué hacer con la Comisión de Acusaciones
Tribunal de Aforados fuera del Congreso: Lozano
En opinión de la representante, la propuesta del Gobierno de crear un Tribunal de Aforados para corregir las falencias de la Comisión de Acusaciones, 'es falsa, porque lo único que plantea es cambiarle el nombre, para que haga exactamente lo mismo. Y en vez de acabar la impunidad, la agrava: hoy hay 78 personas como el ‘usted no sabe quién soy yo’, es decir, nadie los ronda, y son el presidente, el fiscal y todos los magistrados de las cuatro cortes, que pueden hacer los que les dé la gana, y la nueva idea de Santos regala cuatro fueros más al procurador, al contralor, al defensor del pueblo y al vicepresidente'.
Añade Lozano que en el Congreso solo se hacen juicios políticos y no jurídicos, 'allá solo va a seguir un proceso largo y dispendioso, que por eso es impune, y el Tribunal de Aforados solo va a investigar y le va a pasar el caso al Congreso, y eso es la patria boba'. Lo que propone por tanto la representante es que el tribunal que se vaya a crear 'salga del Congreso. Es un exabrupto que los congresistas le hagamos juicio político a un magistrado, que no es un político'.
La Comisión seguirá por 20 años: Uribe
Advierte el congresista del Polo que el Tribunal de Aforados no deroga la Comisión de Acusaciones 'porque lo que dice es que el tribunal opera para nuevos delitos, lo que significa que las 2.000 investigaciones que tiene la comisión van a seguir allí y como aquí la prescripción de los delitos graves es de 20 años, eso quiere decir que vamos a tener Comisión de Acusaciones 20 años más'.
Frente a lo que espera en torno a la investigación contra Pretelt, vaticina: 'ahí no va a pasar nada, la comisión está hecha para que nadie responda por las investigaciones y la prueba de ello es que en los últimos 40 años no ha habido ninguna acusación. Yo lo que creo es que para un alto funcionario de estos debe aplicar el criterio de la responsabilidad política porque la responsabilidad penal nunca se va a establecer'.
Tribunal solucionará muchos problemas: Name
El senador del oficialista Partido de la U cree, en cambio, que el Tribunal de Aforados es la solución tras la eliminación de la Comisión de Acusaciones: 'es necesario crear un tribunal que investigue e instruya a los aforados en Colombia, porque eso es lo que hace falta, y teniendo ese tribunal de magistrados que sean escogidos de una manera imparcial, yo creo que se soluciona muchos de los temas en el país'.
A su vez, el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, frente a la polémica generada por la crisis en la Corte, había afirmado que con la creación del Tribunal de Aforados 'no puede haber alto funcionario en el país que no tenga juez ni investigador'.
Indicó, así mismo, que 'con el sistema judicial propuesto por el Gobierno en el ‘Equilibrio de Poderes’ se mejorará la investigación de aforados', y explicó: 'el tribunal estará compuesto por jueces y no por políticos que investigarán a los altos funcionarios tal cual lo establece la Constitución. (…) Hoy lo que no funciona en el juzgamiento de los aforados es su investigación: la Comisión de Acusaciones ha sido un fracaso histórico'.
Las medidas
La presidenta interina del alto tribunal, María Victoria Calle Correa anunció las medidas tomadas a raíz de lo sucedido con el magistrado Pretelt:
1. Entregar las declaraciones de renta y de patrimonio de los miembros (de la Corte) para que la opinión pública sea garante de sus actos (ya fueron entregadas).
2. Trabajar en un proyecto de reforma del reglamento de la Corte para ajustar criterios de selección de las acciones de tutela que se someten a consideración de la corporación y ajustar los términos en los cuales hay vacíos referentes a algunas actuaciones.
3. Reformar el reglamento interno para que a las salas de selección asista el delegado para asuntos constitucionales de la Defensoría del Pueblo.
4. Solicitar a la Procuraduría y a la Comisión de Acusaciones para investigar y juzgar las filtraciones de la información reservada de esta corporación.
5. Elaborar una propuesta de reforma constitucional para eliminar las funciones electorales de la corporación, que se deben retirar a la mayor brevedad posible.
El caso Bedoya
El representante liberal a la Cámara por Antioquia, Julián Bedoya, presidente de la Comisión de Acusaciones y encargado de investigar a Pretelt, tiene más escándalos que el propio magistrado: mintió sobre que era abogado de la Universidad de Medellín, porque estudió cinco años pero nunca se graduó.
Además, fue expulsado en 2000 de la Escuela de Oficiales General Santander de la Policía porque habría intentado quedarse con un arma. Al parecer, cuando estaba a punto de graduarse como teniente, practicando tiro, escondió en un baño de la escuela el arma que le habían asignado.
Es, así mismo, ahijado político de Adolfo León Palacio, quien filtró la grabación de un consejo de redacción privado de Teleantioquia, y de Cesar Pérez García, condenado por la masacre de Segovia.
Como si fuera poco, se fue a los puños en 2012 con Rodrigo Mesa, el autor de la frase: 'darle plata al Chocó es como perfumar un bollo'. La pelea era por vigencias futuras por 300 mil millones de pesos en un plan de infraestructura. Y, finalmente, lo han denunciado por supuestamente presionar a los alcaldes antioqueños con sus fichas políticas en la Contraloría regional.
