Funcionarios de la Fiscalía General de la Nación dieron a conocer lo que podría ser, en caso de llegar a comprobarse, un posible caso de corrupción dentro de la investigación que intenta esclarecer la identidad de los participantes de la muerte del estudiante guajiro Luis Andrés Colmenares, en Bogotá.
Lo mencionado por investigadores de la Fiscalía apunta a que en el seno del Tribunal de Bogotá se presentó una manipulación del caso en mención para favorecer a las sospechosas Laura Moreno y Jessy Quintero.
Al parecer, funcionarios del Tribunal de Bogotá recibieron 40 millones de pesos para que ese caso fuese asumido por un magistrado determinado previamente, el cual intentaría favorecer los intereses de las procesadas Moreno y Quintero.
Este es el segundo caso que se presenta dentro del escándalo de corrupción que hoy envuelve al Tribunal Superior de Bogotá.
La Fiscalía detuvo a dos funcionarios que laboraban en el Centro de Servicios del Tribunal por, presuntamente, intentar que el caso del contratista Julio Gómez, investigado por el carrusel de la contratación en Bogotá, cayera en manos de un determinado magistrado.
En noviembre del año pasado, la defensa de Laura Moreno interpuso ante la Corte Suprema de Justicia una acción de tutela para que sean eliminadas de una sentencia del Tribunal Superior de Bogotá toda mención que se haga sobre ella dentro del llamado ‘Caso Colmenares’.
Esa sentencia del Tribunal absolvía al sospechoso Carlos Cárdenas dentro del caso.
En aquella oportunidad, los abogados de Laura Moreno hicieron énfasis en que no pretendían que se cambiara el sentido final del fallo, en el que se determina que a Colmenares lo mataron de una golpiza y que Laura Moreno ha dado versiones poco creíbles, pero sí desean que se borren las menciones que se hacían sobre la joven.
En el fallo se absuelve en segunda instancia a Carlos Cárdenas por 'duda razonable', pero se hace una compilación de las inconsistencias en las que, según la Sala Penal, habría incurrido Laura Moreno, una de las otras dos acusadas en el caso Colmenares.
