El presidente Juan Manuel Santos aceptó la invitación que le hiciera la Corte Constitucional a todos los poderes del Estado para resolver la crisis institucional que ha generado el escándalo de corrupción que ayer llevó al magistrado Jorge Pretelt a desafiar a sus colegas del alto tribunal, advirtiendo que no solo no renunciaría sino que, además, denunciaría una serie de hechos que comprometerían a los togados y al fiscal Eduardo Montealegre.
La invitación de la alta corte, tras haber citado una sala extraordinaria, fue al presidente de la República, al fiscal, al procurador Alejandro Ordóñez y el presidente del Senado, el barranquillero José David Name.
Esta sesión extra en el Palacio de Justicia se convocó horas después de que Pretelt, denunciado por haber supuestamente sobornado por 500 millones de pesos a Fidupetrol para incidir en un fallo de tutela a su favor, advirtiera que no renunciaría, y que de hacerlo, tendrían que emularlo los otros ocho togados de la Constitucional.
Durante la sesión, los magistrados habrían llegado a barajar la posibilidad de una renuncia conjunta, al igual que el hecho de no sesionar hasta que el monteriano dimita y, así mismo, la suspensión de los términos de las tutelas hasta que Pretelt dé un paso al costado.
A la hora de cierre de la presente edición, la Corte seguía reunida concertando un pronunciamiento conjunto frente a la crisis que atraviesa.
A indagatoria
Entre tanto, el presidente de la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes e investigador del caso, Julián Bedoya, anunció que había decidido llamar en indagatoria el próximo 26 de marzo a Pretelt para que responda por los hechos que estarían relacionados con el soborno, un tráfico de influencias y un caso de despojo de tierras en Antioquia.
De esta manera, el representante liberal confirmó la apertura de una investigación formal contra el cordobés, tras haberse agotado la etapa preliminar, en la que se escucharon los testimonios de los magistrados de la Corte, el abogado barranquillero Víctor Pacheco y el asesor de Fidupetrol, el exmagistrado Rodrigo Escobar.
El congresista por Antioquia ordenó, además, recaudar otra serie de pruebas relacionadas con este proceso en la célula legislativa, órgano que debe investigar a los magistrados de las altas cortes.
Interrogatorio a esposa de Pretelt
La Fiscalía anunció también ayer que abrió una investigación por el presunto despojo de dos predios en el Urabá Antioqueño que hoy pertenecen a Pretelt y a su esposa, la procuradora Martha Ligia Patrón.
El ente acusador informó, además, que el pasado 13 de marzo la Dirección de Justicia Transicional solicitó ante el Tribunal de Justicia y Paz de Medellín la imposición de medidas cautelares sobre los predios La Corona o No hay como Dios, de 66 hectáreas, y Alto Bonito, de 46, por estar aparentemente involucrados en el delito de desplazamiento forzado. El togado y su esposa, según la investigación, adquirieron esos predios en los años 2000 y 2003.
El asesor del despacho del fiscal, Camilo Burbano, dijo en rueda de prensa que 'la Fiscalía investigará si en esta compraventa en la que aparecen Pretelt Chaljub y Patrón López se cometieron también los delitos de concierto para delinquir agravado, desplazamiento forzado de población civil, lavado de activos agravado, destrucción y apropiación de bienes protegidos'.
Agregó la entidad acusadora que por hechos similares que pueden estar relacionados, fue acusada hace un mes la Junta directiva del Fondo Ganadero de Córdoba.
¿Caso de lesa humanidad?
Ante estos hechos, considerados por el ente penal como de lesa humanidad y crímenes de guerra, el fiscal Eduardo Montealegre impartió la orden de que todas las investigaciones fueran trasladadas a Bogotá a la Dirección Nacional de Análisis y Contextos, donde se dispuso un grupo especial con siete fiscales, cinco analistas y cinco investigadores.
Montealegre, así mismo, ordenó enviar copias a la Comisión de Acusaciones para que esta determine si los predios 'La Corona' y 'Alto Bonito', que al parecer fueron objeto de apropiación y desplazamiento forzado por parte de paramilitares, tienen relevancia desde el punto de vista penal en relación con el magistrado Pretelt.
Igualmente, como Patrón figura como compradora de al menos dos de estos predios, la Fiscalía la citó a interrogatorio para el próximo viernes 27 de marzo.
Pretelt aparecería como dueño de un predio de 243 hectáreas registrado el 14 de junio de 2007 en la Notaría Segunda de Montería. No obstante, esa hacienda corresponde, en realidad, a cinco fincas ubicadas en las localidades de San Pedro de Urabá y Arboletes, Antioquia, entre ellos La Corona y Alto Bonito.
Edilberto Villalba, primer dueño de 'La Corona', habría sido amenazado para que el 8 de febrero de 2000 vendiera esas tierras a paramilitares en la irrisoria suma de 8 millones de pesos. Y ese mismo predio fue vendido ocho meses después a la esposa de Pretelt por 3 millones 700 mil pesos. Cinco años después, Patrón le vendió a su esposo en 5 millones de pesos. El otro predio, 'Alto Bonito', era una finca de Manuel Gregorio Hernández, quien fue asesinado. Hoy ese predio pertenece a Pretelt, luego de que su esposa se lo vendiera en 19 millones de pesos, tras haberlo comprado ella en 5 millones.
La anatomía del despojo en esta región fue revelada en noviembre pasado por EL HERALDO con la sentencia anticipada del exgobernador y exgerente del Fondo Ganadero de Córdoba, Benito Antonio Osorio Villadiego, condenado el pasado 2 de octubre, tras contar todo lo que sabía ante la Fiscalía General de la Nación.
El exgobernador no solo apropió tierras para el Fondo Ganadero de Córdoba -ente con el que relaciona el ente investigador a los predios en manos de Pretelt- sino que él también sacó su parte: 400 hectáreas que englobó con el nombre de 'El Halicarnazo'. El exjefe de las AUC, Salvatore Mancuso, se hizo a 22 predios en Tierralta, Córdoba, y estos predios desde 2007 pasaron a nombre de Osorio en 'El Halicarnazo', de donde fueron desplazadas las víctimas entre 2000 y 2001.
Estos 22 predios tienen una extensión entre las 9 y las 103 hectáreas, y fueron escriturados en la Notaría Única de Tierralta, con nombres como 'No hay como Dios' o 'La Corona', 'Cielo azul', 'El desarrollo', 'No pensaba' y 'La sierrita'.
A principios de febrero de 2014, a raíz del 'ventilador' de Osorio, fueron capturados en el barrio El Recreo de Montería varios miembros del Fondo Ganadero de Córdoba: el mexicano Benito Molina Velarde, accionista mayoritario y miembro de la Junta Directiva; Carmelo Esquivia, abogado; Carlos Sotomayor, actual gerente del Fondo; Orlando Fuentes Hessen, miembro de la Junta (a quien se abstuvieron de dictarle medida de aseguramiento) y el notario de Montería Miguel Puche Yáñez. También fueron asegurados María Inés Cadavid Restrepo, exfuncionaria del Incora; Guido Manuel Vargas López y Marco Fidel Furnieles Salgado. Y se abstuvieron de dictar medida en contra de Luis Gonzalo Gallo Restrepo y Lía del Carmen Hurtado López.
'No delinquen las instituciones'
Desde Valledupar, el presidente Santos llamó a la calma y dijo que el país no puede caer en la tentación de acabar con las instituciones a causa de los errores que cometan sus funcionarios: 'no podemos caer en esa tentación, y ese es el llamado que yo quiero hacer en este momento (…). Cuando hay problemas, lo que hay que hacer es actuar con prudencia, con inteligencia'.
Señaló que en este caso se debe recurrir a los mecanismos de la Constitución y las leyes, y recordó que 'las instituciones no delinquen, quienes delinquen son las personas que componen esas instituciones. Y es contra ellas contra quienes tenemos que obrar, no contra las propias instituciones'.
Dijo en este sentido que no se puede pensar en acabar con la Corte 'porque uno de los miembros de esa Corte haya incurrido en un error o en algo indebido'. Así como tampoco se puede, agregó, acabar con la Rama Judicial, aunque reconoció que 'la podemos sí mejorar, y eso es lo que tenemos todos juntos que hacer: buscar la forma para mejorarla a través de los mecanismos que la Constitución y las leyes nos ofrecen'.
Santos llamó a las cortes y a los ciudadanos a corregir lo que no funciona y fortalecer lo que está bien.
Responderán denuncias
Tras siete horas de sala extraordinaria en la Corte Constitucional, los magistrados de ese tribunal afirmaron que 'estamos dispuestos a responder individualmente por las denuncias que se nos formulen'.
La Corte, horas antes, se había pronunciado para pedirle al presidente, al fiscal, al procurador y al presidente de Congreso que se realizara una reunión de los poderes del Estado para tratar la crisis institucional en el alto tribunal.
