A un mes del estallido del escándalo de corrupción en la Corte Constitucional, el presidente Juan Manuel Santos, con el objeto de conjurar la crisis institucional, anunció un paquete de cinco medidas que denominó 'reformas estructurales' que corregirían, fundamentalmente, el nexo entre política y justicia, los aforados, la ineficiencia, la ‘puerta giratoria’ y la calidad de los togados.
Reiteró el mandatario que 'la solución a los problemas de las instituciones tenemos que hallarla dentro de la misma institucionalidad', como lo había indicado el fin de semana pasado, luego de conocerse la negativa a renunciar por parte del magistrado monteriano Jorge Pretelt, señalado de pedir un soborno de $500 millones a la empresa Fidupetrol para incidir en un fallo de tutela a su favor.
El Estado de derecho
Dijo en este sentido Santos que las presuntas irregularidades que se han conocido no pueden alimentar la idea de que hay que revocar a todos los magistrados, o alentar la convocatoria de una asamblea constituyente: 'no permitiré que se pretenda reemplazar el Estado de Derecho por una especie de Estado de Opinión, donde prevalezca la versión del que más ruido haga'.
Y volvió sobre el ejemplo futbolístico: 'es como pretender que si un jugador se porta mal hay que acabar con el equipo. No. Al jugador se le saca tarjeta roja'.
Tras pedir a la Fiscalía y a la Comisión de Acusaciones celeridad en los procesos y vincular a todos los presuntos responsables, 'sin intocables', advirtió que 'tiene que acabarse ese mecanismo de distracción en el que todo investigado por corrupción u otros actos ilegales se defiende alegando persecución política', como frecuentemente lo han hecho exfuncionarios o partidarios del anterior gobierno de Álvaro Uribe que resultan sindicados o condenados por la justicia, como María del Pilar Hurtado, Andrés Felipe Arias, Luis Carlos Restrepo o el mismo Pretelt.
Las reformas
Luego de escuchar a las distintas ramas y órganos del poder que se han reunido durante el fin de semana para tratar el asunto, anunció el presidente las cinco medidas:
Primero, se va a 'aprovechar la reforma constitucional de Equilibrio de Poderes para que la política no participe en la selección de magistrados y jueces', y que a su vez éstos no intervengan en la designación de los altos funcionarios del Estado —como el contralor, procurador o registrador—. De ahora en adelante, las togas se vestirían por meritocracia.
Agregó que en cuanto a las postulaciones de magistrados que le corresponda hacer como jefe de Estado, 'vamos a poner en práctica la autorregulación' e indicó que el lunes se enteró de que en 2008 (en el periodo del anterior gobierno) Elección Visible 'propuso el texto de un decreto de autorregulación para dar trasparencia y visibilidad al mecanismo de selección de nuestros magistrados, con participación de la sociedad civil'.
Anunció, entonces, que hoy se expedirá este decreto (ver recuadro) y recomendó a las cortes que adopten unos códigos de ética elaborados por la Corporación Excelencia en la Justicia.
Fortalecer investigación
Segundo, se le dará al Tribunal de Aforados, conformado por investigadores elegidos por meritocracia, 'más dientes' para que no solo investigue, sino que acuse directamente ante el Congreso en pleno a los funcionarios aforados. 'Y el Congreso, en un término perentorio, evaluará la conveniencia de dar trámite a la acusación'.
Tercero, 'se eliminará el Consejo Superior de la Judicatura y se sustituye por un nuevo modelo de administración en el que se conserva la presencia de las altas cortes en un órgano colegiado que fijará las políticas de la Rama'.
Cuarto, se acabará con la llamada ‘puerta giratoria’ o el 'yo te elijo; tú me eliges' en que los magistrados saltan de una corte a otra: 'vamos a garantizar que quienes hayan sido elegidos para una magistratura no puedan luego votar para elegir a aquellos que intervinieron en su designación'.
Quinto, se va a proponer aumentar a 20 años el requisito de experiencia profesional para ser elegido magistrado, 'porque lo ideal es que quien llegue a magistrado entienda que llega a la cúspide de su carrera profesional y jurídica'.
Otras medidas
Además, anunció el mandatario un proyecto de ley estatutaria, con mensaje de urgencia, para que las propias cortes suspendan, como medida cautelar, a sus propios magistrados 'cuando se encuentren en una situación patente de indignidad'.
En defensa de la tutela, dijo Santos, 'es necesario que la Corte avance en la modificación de sus reglamentos para garantizar que la revisión de tutelas se oriente al amparo de los derechos fundamentales de los sectores sociales más necesitados'.
Anunció que el Ministerio de Justicia presentará un proyecto de ley para prohibir el cabildeo judicial: 'no queremos más abogados visitando las Cortes para tratar de influir en las decisiones de los magistrados', haciendo alusión al escándalo de Pretelt, en el que el abogado barranquillero Víctor Pacheco, que registró más de 40 ingresos al Palacio de Justicia en los últimos dos años, habría recibido la propuesta de soborno.
Las tutelas
Así mismo, explicó el jefe de Estado que 'es muy importante que las sentencias de la Corte se publiquen a más tardar dentro de los tres días siguientes a la decisión respectiva', refiriéndose a otro caso que se le reprocha a Pretelt, y que tuvo que ver con un pleito entre el alcalde de Santa Marta, Carlos Caicedo, y la concesionaria de impuestos R&T, representada por el ex magistrado de la Corte Constitucional Rodrigo Escobar, amigo de Pretelt, que inicialmente falló a favor de R&T y luego habría demorado el trámite posterior a la sentencia en contra de la empresa, lo que le significaron a esta ingresos por 20 mil millones de pesos.
Finalmente, dijo que le dio instrucciones al ministro de Justicia, Yesid Reyes, para que presente un proyecto de ley que instauraría el examen de Estado para los abogados, para que solamente puedan ejercer 'quienes acrediten la formación, el conocimiento y la idoneidad suficientes'.
El decreto anunciado
El decreto de autorregulación que anunció anoche el presidente Santos señala en uno de sus apartes que las ternas de candidatos a magistrados de la Corte Constitucional que presente el Presidente de la República deberán ser integradas por ciudadanos que aseguren probidad, independencia y solvencia académica y profesional.
Además, la elección se hará por meritocracia, cumpliendo una serie de requisitos, en un proceso que tardaría unos seis meses.
Cada etapa del proceso de meritocracia sería publicado a través de la página web de Presidencia para garantizar transparencia en la escogencia. Los candidatos y ciudadanos podrán hacer observaciones.
Los nombres de quienes integren las ternas se darán a conocer al público a través de los medios de comunicación.
