El consenso que pareciera haber entre los sectores políticos del país gira en torno a que el Decreto 1787 de 26 de mayo promulgado por el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, en el que unilateralmente fija las fronteras marítimas con Colombia, no tiene validez en ningún escenario del derecho internacional.
La medida, a la que el Gobierno colombiano respondió más de 20 días después con una nota de protesta, exigiendo que se rectifique el decreto, crea las Zonas de Defensa Marítima e Insular, Zodimain, que abarcan desde La Guajira hasta aguas al norte de la Guyana Francesa, y son, según la Ley de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana de noviembre del 2014, 'una agrupación territorial de fuerzas y medios en un espacio geográfico donde se conducirán las operaciones para la defensa'.
Ante la protesta, Venezuela instó a que se vuelva a reunir la Comisión Bilateral, que no se instala desde hace más de seis años, para tratar de llegar a un acuerdo al que no se ha llegado, luego de varios intentos, desde 1830, tras la disolución de la Gran Colombia.
El presidente Juan Manuel Santos, frente al pronunciamiento de Caracas, advirtió la semana pasada que la comunicación emitida es una respuesta, reiteró la necesidad de que se corrija el decreto y se mostró de acuerdo en volver a convocar la Comisión Binacional si se da una contestación diplomática.
Lo que dice el decreto. La gaceta venezolana publica que esta disposición la toman 'con el supremo compromiso y voluntad de lograr la mayor eficacia política y calidad revolucionaria en la construcción del socialismo'.
Y, entre los considerandos de las Zodimain, se lee: 'que es competencia del Estado la adopción de medidas necesarias para garantizar la independencia, soberanía, seguridad e integridad del espacio geográfico sobre la base de la concepción estratégica defensiva nacional (…)'.
Concluye, entonces, que 'se hace necesario crear las nuevas zonas' porque 'surge la necesidad de adaptarse a las nuevas realidades y estructuras de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (…) para el despliegue del poder nacional y rechazar las amenazas o agresiones contra la patria en todos los niveles del poder público, en el campo de la lucha armada y no armada'.
Petróleo en Guyana. Llama la atención, en medio de la firma del decreto que aparentemente perjudicaría a Colombia, que Guyana recientemente a entregó concesiones a la multinacional Exxon Mobil para el inicio de explotaciones de yacimientos petroleros.
Este país sí le protestó a Caracas. Dos días después de la promulgación de la disposición, sancionó la aerolínea estatal venezolana Conviasa con la prohibición del aterrizaje de sus aeronaves por el no pago de una fianza, ante lo cual Maduro corrigió el decreto y, 10 días después, reconoció un diferendo entre ambas naciones.
Colombia hace lo que debe. El senador liberal Luis Fernando Velasco, integrante de la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores, dice que la decisión de Caracas puede interpretarse de dos maneras:
Una es que Venezuela quiere 'constituir unas pruebas' en su debate contra Guyana por la aparición de petróleo en el área en disputa entre esos dos países.
Y la segunda es que hay una 'crisis interna' de tal nivel en el hermano país que el presidente tiene que acudir a la vieja premisa de alertar frente a supuestos enemigos externos para lograr unidad nacional.
Para el congresista, este movimiento venezolano no tiene validez jurídica alguna: 'El decreto es ilegal ante la justicia internacional, es un exabrupto jurídico, porque uno por decreto no define sus propias fronteras. Las fronteras se definen por convenios o laudos arbitrales y no por decretos internos y ante los ojos del mundo no tiene mayor validez'.
A la reacción del Gobierno, Velasco la considera adecuada. Dice que Colombia hace lo que tiene que hacer, rechaza el decreto y presenta una nota de protesta, y Venezuela tiene que mantenerse en su decisión política, por lo que, para el senador liberal, hay que 'insistir en distintos espacios multilaterales, como Unasur, la OEA o las Naciones Unidas'.
Armada debe ir a la zona. En opinión del senador del Centro Democrático, Alfredo Rangel, lo que hizo el gobierno de Maduro 'es un acto de hostilidad y agresión' con el que 'intenta generar un conflicto' para, de esa manera, 'ocultar sus verdaderos problemas internos'.
Por lo tanto, para el congresista, este hecho ameritaría 'una respuesta mucho más contundente de la Cancillería colombiana', que centra en dos actuaciones. Cree conveniente 'denunciar esa agresión' en foros internacionales, como la Unasur o la OEA, para que la comunidad internacional se solidarice con Colombia y repudie el acto venezolano y que la Armada Nacional 'haga presencia en esa zona para evitar una toma de hecho'.
El legislador uribista critica además al Gobierno de Juan Manuel Santos. Opina que 'se ha quedado corto y ha asumido una posición muy timorata frente a una agresión evidente por parte de Maduro, que al parecer ya está haciendo presencia en la zona'.
Sin significación legal. Jorge Robledo, senador del Polo Democrático, advierte que Venezuela no podía proceder como lo hizo, ya que 'ningún país del mundo puede fijar sus límites internacionales unilateralmente', tal como lo dicta el derecho internacional.
'Entonces, es obvio que cuando Venezuela fija sus límites unilateralmente, pues eso no establece una frontera internacional, porque lo que hay ahí en el golfo es un diferendo, porque Venezuela tiene unas ideas y Colombia otras', anota Robledo.
No obstante, opina el congresista de izquierda que la mejor manera de afrontar esta decisión del gobierno de Caracas es 'recomponer la Comisión negociadora y que ambos países se pongan de acuerdo'.
Reitera, en suma, que la decisión de Maduro 'legalmente carece de significación internacional y es obvio que no podemos aceptar esa delimitación'.
Venezuela no es indispensable para el proceso de paz
Ángela Robledo, representante por la Alianza Verde, espera que esta nueva dificultad se resuelva por la 'vía diplomática', como siempre ha resuelto Colombia estos temas. Recordó el enfrentamiento fuerte entre Álvaro Uribe y Hugo Chávez que fue posible resolver mediante el diálogo. Con respecto a la importancia del gobierno venezolano en las negociaciones de paz con las Farc, la congresista señala que 'Venezuela ha jugado un rol importante en el proceso de negociación, pero los países más importantes allí siguen siendo Noruega y Cuba, que son los que acompañan, día a día la mesa, pero Colombia no puede resolver esto de una manera distinta porque son nuestros hermanos. Esa no es una frontera sino una vecindad histórica'. Frente a las razones de la demora del vecino país en la respuesta a la nota de protesta y la solicitud del Gobierno Nacional, Robledo considera que 'del lado de Venezuela ha habido molestias y hay una actitud de prevención porque hay un grupo aquí de ultraderecha, que lidera Álvaro Uribe, quien cada vez que puede abusar de su condición de expresidente y hay dolor en el gobierno venezolano'.
