El pasado martes, el presidente de la República, Juan Manuel Santos, sorprendió al país al denunciar que en las regiones estaban utilizando las fundaciones para apropiarse de las regalías que anualmente se asignan a los entes territoriales y que las contralorías territoriales hacen poco para sancionar a los responsables.
Tras la reunión con la Comisión Nacional de Moralización –que integran Presidente, Fiscal, Procurador, Contralor, Defensor y Auditor; los presidentes de la Corte Suprema y el Consejo de Estado; los presidentes de Senado y Cámara; los ministros de Interior y Justicia y el secretario de Transparencia–, Santos advirtió que 'hay muchas fundaciones que contratan con el Estado en las regiones y son, en realidad fachadas, de sistemas corruptos y vamos a diseñar un nuevo régimen de vigilancia y control a estas fundaciones'.
Inclusive, el jefe del Estado habló de 'mafias de la contratación pública', pero no entregó detalles de quiénes están detrás de esas organizaciones que se supone son sin ánimo de lucro.
Ante tales señalamientos EL HERALDO contactó al secretario de Transparencia de la Presidencia, Camilo Enciso, quien, tampoco sin revelar nombres, insistió en que hay varias fundaciones de fachada que están contratando con los departamentos de Córdoba, Bolívar, Atlántico y La Guajira, entre otros, y que detrás de estas fundaciones hay políticos que se apropian de estos recursos para financiar campañas electorales.
Abuso en contratación directa. El funcionario dijo, además, que las entidades sin ánimo de lucro se llevan hasta el 20% del presupuesto de inversión de los departamentos y que, por eso, hay que detectar cuáles son reales y cuáles de papel.
Según Enciso, estas fundaciones fantasmas abusan de las posibilidades de contratación directa que les da el Decreto 777 de 1992, y que el siguiente paso, por lo tanto, es diseñar un mecanismo de vigilancia adecuado.
¿Qué se sabe de estas fundaciones fachadas?
La Secretaría de Transparencia ha estado haciendo un monitoreo del nivel de contratación que realizan los departamentos con fundaciones por medio de procesos de contratación directa, en particular, utilizando las normas del Decreto 777. Hemos encontrado que varios departamentos, entre ellos tres del Caribe, celebran contratación de manera muy significativa con estas fundaciones: los departamentos de Córdoba, Bolívar y Atlántico. En el resto del país están Meta, Tolima, Caldas, Huila, Caquetá y Nariño. Y también Valle del Cauca, Antioquia, Boyacá y La Guajira.
¿Cuáles son las irregularidades de estas contrataciones?
La gran preocupación que tenemos es que esos departamentos están contratando con fundaciones que en Colombia no son sujeto de vigilancia seria y real por parte de ningún órgano de supervisión y control, y, además, tenemos conocimiento de que en varios departamentos se están realizando contrataciones con este tipo de fundaciones que en muchas ocasiones son controladas por políticos que utilizan esas fundaciones para apropiarse de recursos que después terminan pagando campañas electorales.
¿Qué fundaciones son, qué políticos?
Hemos hecho un diagnóstico completo de todo el panorama nacional, pero para entrar a dilucidar específicamente cuáles son las fundaciones concretas y qué nivel de participación por parte de intereses políticos hay en ella, aún no tenemos la información completa.
¿De qué sectores son estas fundaciones, cuál es el objeto de sus contratos?
Muchas de estas fundaciones prestan servicios por ejemplo en el sector de alimentación escolar, hay otras orientadas al cuidado de niños en hogares infantiles, pero digamos que es una constante que fundaciones de todo tipo prestan servicios y bienes de distinta naturaleza. Las que más nos interesan en este momento tienen que ver con las fundaciones a través de las cuales se implementa la alimentación escolar.
¿Hay entes de control que no están haciendo su trabajo en estos casos?
El problema es que, precisamente, aquí tenemos un vacío legal. Se supone que en principio son las Gobernaciones y Alcaldías las que podrían ejercer algún tipo de control, pero en la práctica ni las gobernaciones ni las alcaldías tienen la infraestructura institucional o la capacidad de controlar a esas fundaciones, y por otro lado tenemos el problema adicional de que es absurdo esperar que los entes territoriales que contratan a esas mismas fundaciones las vigilen, porque además en muchas ocasiones son usadas para canalizar recursos para temas políticos o en la financiación de campañas electorales.
¿Y se sabe cuánta plata se estarían robando?
Es difícil saber cuánta plata se está perdiendo, porque una cosa es saber que están contratando con ellos y otra cosa es saber si se están robando la plata. Lo que sabemos es que esta figura jurídica se usa en muchas ocasiones con este propósito, pero saber a ciencia cierta cuánto se pierde no es posible. Lo importante es buscar una solución estructural, porque hay un principio general de la contratación pública que dice que debe haber una libre y equitativa concurrencia de participantes o de proponentes en los procesos de contratación estatal, pero lo que están haciendo muchas gobernaciones y municipios es contratar directamente con esas fundaciones para hacerle el quite a las normas generales de contratación pública en el país. Es decir, le están haciendo un esguince a las normas de contratación pública en el país.
¿Y cuántas fundaciones se saltarían estas reglas de contratación?
Por ahora no hay una cifra específica y prefiero no especular. Y aclaro que no es que las fundaciones se estén saltando las reglas, sino que el Decreto 777 de 1992 faculta a ciertas entidades públicas a contratar directamente con fundaciones. Bajo ese decreto hay personas privadas sin ánimo de lucro que pueden contratar directamente con el Estado, y las gobernaciones y municipios contratan masivamente con esas entidades. Nosotros calculamos que cerca del 20 por ciento del presupuesto de inversión de los departamentos está siendo adjudicado a través de convenios o contratos con fundaciones. Hay que ponerle un freno a eso, porque cada gobernación tiene su registro de las fundaciones que operan allí, pero nadie las vigila seriamente, nadie sabe si están cumpliendo o no con unas normas mínimas de funcionamiento que aseguren que los contratos con ellas no terminen financiando campañas políticas, o que terminen simplemente en manos de personajes corruptos.
¿Qué se va a hacer frente a este tema?
Nuestro mensaje es: no más a las fundaciones fantasmas, a los contratistas de papel. Vamos a trabajar en equipo con la Superintendencia de Economía Solidaria, la Secretaría de Transparencia y la agencia colombiana de contratación estatal Colombia Compra Eficiente, para buscar una nueva figura que nos permita fortalecer el control sobre esas fundaciones. La instrucción del presidente y de la Comisión Nacional de Moralización es buscar una solución jurídica que nos permita fortalecer y mejorar la vigilancia y control sobre las fundaciones que contratan con el Estado.
¿Y cuál es el siguiente paso en las investigaciones?
En lo que tiene que ver con investigaciones concretas de fundaciones que suscriben contratos con entidades públicas, anunciamos que vamos a fiscalizar el trabajo de investigación y de judicialización a través de las comisiones regionales de moralización, que son las que en el terreno conocen qué está ocurriendo, cuáles son las alarmas y las denuncias.
¿Cómo es ese trabajo con las comisiones regionales de moralización?
Por ejemplo, nos acabamos de reunir con la Comisión Regional de Moralización de Chocó y le prestamos particular atención a las denuncias por los posibles detrimentos patrimoniales y delitos contra la administración pública que pueden haber realizado en Unguía, que estarían afectando a 14 escuelas que no tienen condiciones mínimas para el funcionamiento de los restaurantes escolares. A esa comisión le pedimos priorizar la investigación y apuntar a proteger los recursos con los cuales se financian los comedores o los proyectos de alimentación escolar. Eso lo estamos haciendo en todos los departamentos. Ya nos hemos reunido con la de Sucre, Bolívar, Nariño, Risaralda, Caldas, entre otras. Porque la corrupción no se puede atacar desde Bogotá sino en el terreno, y trabajar en equipo con los entes de control y pedirles celeridad y una estrategia de priorización, que es lo que creemos que nos va a permitir enviar el mensaje a la ciudadanía: esto no se va a quedar en la impunidad.
PERFIL
Camilo Enciso Vanegas es abogado y especialista en derecho penal de la Universidad del Rosario, eximido de exámenes por promedio y con tesis laureada y tercer lugar a nivel nacional, fue becario de una maestría en leyes en la Universidad de Columbia, ha sido catedrático en varias universidades capitalinas, fue voluntario de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, perteneció a las firmas Jaime Lombana y Brigard & Urrutia, y como director de Transformación Productiva del Ministerio de Comercio redactó la Ley Anticontrabando.
‘Tatequieto’ a las mafias
Tenemos que ponerle ‘tatequieto’ a las mafias de la contratación pública en las regiones y vamos a actuar todos unidos para lograr ese propósito', fue el anunció, el martes pasado, del presidente Juan Manuel Santos. El jefe de Estado explicó que, de acuerdo a estudios realizados sobre casos de corrupción en el país en los últimos ocho años, una de las conclusiones es que la mayoría de los casos de corrupción se presenta a nivel regional. 'La corrupción a nivel nacional no ha crecido, por el contrario ha disminuido, pero a nivel regional ha sido contrario y eso nos preocupa', expresó. Y fue por estos resultados, indicó el mandatario, que se decidió fortalecer los organismos de control en las regiones. El presidente se refiere a las contralorías territoriales.
Lupa a las regalías
Una de las principales conclusiones de la reunión a principios de esta semana de la Comisión Nacional de Moralización, según el presidente Juan Manuel Santos, fue que 'la corrupción a nivel nacional no ha crecido, por el contrario ha disminuido, pero a nivel regional ha sido lo contrario y eso nos preocupa'.
En este sentido, añadió el jefe de Estado, se acordó que la Fiscalía, la Procuraduría, la Contraloría y las demás entidades que están en la denominada 'cruzada contra la corrupción' prioricen los casos en las regiones con 'unos recursos muy importantes que están llegando a las regiones con las regalías', sobre los que 'estamos encima'.
Un par de días después, la Contraloría General de la República, CGR, reportó las alarmantes diferencias que encontró entre la información que reportan las entidades territoriales al Sistema General de Regalías sobre los recursos que tienen en cuentas bancarias, al igual que los rendimientos financieros que vienen obteniendo, y las cifras reales, o sea aquellas que registran los bancos en sus extractos.
Sobre el primer tema, a diciembre de 2014, departamentos y municipios reportaron en el Sistema de Monitoreo y Control, Seguimiento y Evaluación, un saldo en cuentas bancarias de 7,08 billones de pesos, pero al comparar esta información con la reportada por los bancos el saldo asciende a 7,29 billones de pesos. Es decir, hay una diferencia de 207 mil millones de pesos.
La mayor diferencia la reportó el Meta, con 108.296 millones de pesos, y le siguen Boyacá (55.792 millones), Santander (10.232 millones) y Cesar ($8.395 millones, entre otros.
En el segundo caso, los rendimientos financieros reportados al Sistema General de Regalías por las entidades territoriales, a diciembre de 2014, fueron de 319.864 millones de pesos, aunque la Contraloría General realizó una comparación con los extractos bancarios donde se encuentran registradas las cuentas maestras, a partir de una muestra representativa, y encontró diferencias del orden de casi 48 mil millones de pesos.
El 96 por ciento de estos rendimientos no reportados pertenecen a los departamentos de Cesar, La Guajira, Meta y Antioquia.
De acuerdo con datos del Departamento Nacional de Planeación, DNP, y según lo aprobado en los presupuestos de cada vigencia, el Caribe recibió en 2012 un total de 2 billones 983 mil millones de pesos en regalías, discriminados así: Atlántico, 190 mil millones; Bolívar, 399 mil millones; Cesar, 579 mil millones; Córdoba, 510 mil millones; La Guajira, 592 mil millones; Magdalena, 301 mil millones; Sucre, 358 mil millones y San Andrés, 54 mil millones.
Entre 2013 y 2014, el total para la región fue de 4 billones 961 mil millones de pesos, repartidos así: Atlántico, 376 mil millones; Bolívar, 754 mil millones; Cesar, 804 mil millones; Córdoba, 908 mil millones; La Guajira, 848 mil millones; Magdalena, 559 mil millones; Sucre, 605 mil millones y San Andrés, 107 mil millones.
Y entre 2015 y 2016, de acuerdo al reporte hasta el 10 de julio pasado, el Caribe había recibido 989 mil millones de pesos, así: Atlántico, 79 mil millones; Bolívar, 150 mil millones; Cesar, 157 mil millones; Córdoba, 179 mil millones; La Guajira, 170 mil millones; Magdalena, 116 mil millones; Sucre, 115 mil millones y San Andrés, 23 mil millones.
