Por 'favorecer la impunidad en casos de violaciones de los derechos humanos y atentar contra la autonomía de jueces y fiscales', fue radicada esta mañana ante la Corte Constitucional una demanda contra el acto legislativo que ordena la ampliación del fuero penal militar.
Los congresistas Ángela Robledo, Alirio Uribe e Iván Cepeda, la primera de la Alianza Verde y los restantes del Polo Democrático, demandaron el Acto Legislativo 01 de 2015 que reforma el Artículo 221 de la Constitución Política de Colombia y que busca ampliar el fuero penal militar, promulgado por el presidente Juan Manuel Santos en junio pasado.
Robledo señaló al respecto que la reforma al fuero penal militar 'al excluir la aplicación de las normas del derecho internacional de los derechos humanos en la investigación y juzgamiento de los delitos cometidos con ocasión del servicio por parte de los miembros de la fuerza pública, favorece la impunidad en violaciones de derechos humanos y atenta contra la autonomía de los jueces y fiscales, al imponerles que apliquen exclusivamente el derecho internacional humanitario'.
Explicó Uribe, por su parte, que la demanda se interpone debido a que 'además de afectar los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición, excluye la aplicación de los derechos humanos en la investigación y juzgamiento de conductas punibles cometidas por miembros de la fuerza pública en relación con un conflicto armado, y les da privilegios injustificados en el caso de cometer delitos en ese marco'.
Y para Cepeda esta reforma constitucional 'afecta gravemente la autonomía del sistema judicial y los derechos de las víctimas al libre acceso a la justicia, ya que excluye la posibilidad de aplicar los derechos humanos en crímenes cometidos por la fuerza pública'.
La demanda consigna que la norma va en contravía de al menos tres aspectos fundamentales de la Carta Política: 'la obligación estatal de respetar y garantizar los derechos humanos, el principio de autonomía judicial como manifestación del principio de separación de poderes y el principio de igualdad ante la ley'.
También figuran como demandantes Lourdes Castro García, secretaria técnica de la Coordinación Colombia, Europa, Estados Unidos; la Comisión Colombiana de Juristas, el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, la Mesa Temática sobre Ejecuciones Extrajudiciales, el Centro de Estudios Juan Gelman, la Corporación Jurídica 'Yira Castro', la Fundación 'Nidia Erika Bautista', Asfaddes; el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado, Movice; Reiniciar, Marcha Patriótica y familiares de víctimas de 'falsos positivos'.
