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Rodrigo Jaramillo Correa fue condenado ayer por el juez 24 de conocimiento a siete años de prisión domiciliaria por su responsabilidad en el descalabro de Interbolsa, la comisionista de bolsa más grande del país.

Según la sentencia, deberá cumplir la pena en su domicilio porque el tribunal que lo juzgó consideró que no es un peligro para la sociedad.

Durante el proceso contra Jaramillo Correa se comprobó que a través de la firma defraudó a sus acreedores en más de 100 millones de dólares.

Jaramillo también deberá pagar casi cuatro millones de dólares para indemnizar a los perjudicados, dijo la Fiscalía General en un comunicado de prensa.

El expresidente de Interbolsa fue condenado por los delitos de 'manipulación fraudulenta de especies inscritas en el registro nacional de valores, con el agravante de querer alterar o modificar la cotización de las mismas, en concurso con administración desleal'.

Jaramillo, detenido en enero de 2014, aceptó los delitos que se le imputaron en una negociación con la Fiscalía durante el proceso.

Según la Fiscalía, Jaramillo 'manipuló las acciones de la comisionista y de la Bolsa Mercantil con una contabilidad inflada y así beneficiarse personalmente con el aumento malintencionado del valor de las acciones de Fabricato S.A.'.

La Fiscalía ha dicho que el 80% del mercado de valores a cargo de Interbolsa se tramitó de forma irregular al punto de que a la fecha se han hecho más de 1.000 reclamaciones que ascienden a los 75,6 millones de dólares.

Interbolsa, a través de su Fondo Premium, era 'una verdadera empresa criminal de ‘cuello blanco’ en la que resultaron damnificadas cientos de personas naturales y jurídicas que hacen sus reclamaciones para recuperar su dinero, el cual iba a parar a más de ocho empresas de Colombia, Islas Vírgenes o Curazao sin autorización de la Superintendencia Financiera', dijo la Fiscalía.

Tras conocerse la decisión, Francisco Sintura, abogado de las víctimas del desfalco, calificó de sorpresiva la decisión del juez 24 porque, a su juicio, es la cabeza del mayor descalabro bursátil en la historia de Colombia y más aún la actitud de la fiscalía de no apelar la sentencia.