Ante la crisis fronteriza que viven Colombia y Venezuela, el presidente Juan Manuel Santos llamó a consultas al embajador Ricardo Lozano, para revisar la situación de los deportados.
Esta es quizás la medida más drástica que ha tomado el mandatario colombiano tras el cierre de la frontera ordenada por el gobierno del vecino país argumentando que son medidas para frenar el contrabando y el accionar de grupos paramilitares.
'Yo he privilegiado el diálogo y la diplomacia y lo seguiré haciendo, pero no puedo permitir que Venezuela trate a los colombianos y trate al Gobierno colombiano de esa forma', declaró Santos.
De acuerdo con Oficina de Coordinación Humanitaria de Naciones Unidas en Colombia (OCHA) hasta este jueves van 1.088 colombianos deportados o repatriados desde Venezuela. La cifra equivale a los últimos seis días, tras el cierre del paso fronterizo entre Cúcuta y San Antonio.
Santos dijo que dio órdenes a su canciller María Ángela Holguín 'para que llame a consultas a nuestro embajador en Venezuela'.
El mandatario se quejó de que autoridades venezolanas no dejaron entrar al Defensor del Pueblo, Jorge Armando Otálora, a San Antonio del Táchira (Venezuela) para ponerse al tanto de la situación humanitaria de los colombianos. 'Era un procedimiento normal y no lo dejaron entrar', señaló.
Enfatizó en que si bien ha sido un hombre de diálogo, 'no puedo permitir que Venezuela trate a los colombianos y trate al gobierno colombiano de esa forma'.
La Defensoría del Pueblo colombiana informó que ha recibido 451 quejas 'siendo el desalojo de vivienda el tema común entre los denunciantes, que además advierten situaciones como la desintegración familiar con 113 casos, el maltrato físico y verbal de las autoridades venezolanas con 115 hechos reportados; la destrucción de viviendas, con 52 declaraciones; el despojo de pertenencias durante los desalojos, con 41 quejas, y la retención de documentos, con 32'.
