Anoche estalló una crisis diplomática entre Colombia y Venezuela como consecuencia del llamado a consultas de los embajadores de ambos países.
El primero en llamar a su delegado, Ricardo Lozano, fue el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, ante la negativa del Gobierno de Nicolás Maduro de permitir la entrada al defensor del Pueblo, Jorge Armando Otálora, a ese país para tratar el tema de los deportados.
'Yo he privilegiado el diálogo y la diplomacia y lo seguiré haciendo, pero no puedo permitir que Venezuela trate a los colombianos y trate al Gobierno colombiano de esa forma', declaró Santos.
El gobernante indicó que dio instrucciones a su canciller, María Ángela Holguín, para que llame a Lozano y convoque a una reunión de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), cuyo secretario general es el expresidente colombiano Ernesto Samper, blanco de fuertes críticas en su país, donde le censuran por su supuesto alineamiento con Maduro.
'Queremos contarle al mundo, comenzando con Unasur, lo que está sucediendo, mostrarles lo que está sucediendo porque eso es totalmente inaceptable', subrayó el jefe de Estado.
La molestia del presidente
Santos hizo el anuncio horas después de que se frustrara un encuentro en la frontera del defensor del Pueblo con el gobernador del estado venezolano del Táchira, José Vielma Mora, para 'iniciar un proceso de verificación' de las propiedades que los deportados dejaron en ese país, según explicó Otálora a Efe en el puente que une las dos naciones.
Según la Defensoría, 'después de varias de llamadas a los números directos que proporcionaron funcionarios del vecino país, no fue posible realizar esta gestión pues no hubo respuesta ni presencia física de los mismos en el paso fronterizo'.
Esa visita fue acordada ayer en la reunión que mantuvo en Cartagena de Indias la canciller Holguín con su homóloga venezolana, Delcy Rodríguez, en la que no se resolvió el cierre de la frontera más dinámica entre los dos países.
La frontera está cerrada desde el pasado jueves en el puente internacional Simón Bolívar, que comunica a las ciudades de Cúcuta (Colombia) con San Antonio del Táchira (Venezuela) por orden de Maduro como parte de una campaña contra el contrabando y supuestos paramilitares.
La decisión de Venezuela
Esa medida fue tomada después de un ataque de presuntos contrabandistas contra militares de ese país que dejó tres uniformados y un civil heridos, y fue complementada el pasado viernes con la declaración del estado de excepción en seis municipios del Táchira.
Al amparo de esas disposiciones, al menos 1.100 colombianos de esa zona fueron deportados en los últimos días a Cúcuta.
Otros 4.260 colombianos han abandonado Venezuela por temor a correr la misma suerte de sus compatriotas, según la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA).
Santos señaló que Colombia 'privilegia el diálogo y la diplomacia' y dijo esperar que Venezuela 'tenga esa misma actitud'.
El presidente colombiano agregó que llamó a consultas a su embajador porque no ve disposición en la parte venezolana a llegar a un acuerdo en el tema de la frontera y de los deportados.
El llamado de Maduro
Minutos después de conocerse la decisión de Santos, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, llamó a consultas a su embajador en Colombia, Iván Rincón, por las 'agresiones' causadas por el 'paramilitarismo' y la 'guerra económica', informó la canciller venezolana, Delcy Rodríguez.
'Revisaremos integralmente relaciones con Colombia, en razón de las agresiones que sufre nuestro pueblo por el paramilitarismo y guerra económica', dijo la canciller en su cuenta de Twitter, donde también lamentó que los 'avances' de la reunión bilateral del miércoles se vieran 'frustrados' por la 'soberbia' de las autoridades colombianas.
'Ratificamos al hermano pueblo de Colombia nuestros lazos de amistad y unión basados en una historia común de libertad e independencia!', añadió Rodríguez tras el anuncio.
El gobernador del estado venezolano del Táchira, José Vielma Mora, declaró ayer al canal estatal venezolano VTV que las deportaciones de colombianos que habitaban de manera ilegal en la zona concluyeron sin que se haya producido 'ninguna violación de los derechos humanos'.
Escasez y comercios cerrados en el lado venezolano de la frontera
El comercio permanece con las puertas cerradas.
La ciudad de San Antonio, al borde de la frontera con Colombia, supera una semana desde que se ordenó el cierre del puente que une a ambos países con una agravada escasez y la mayoría de sus comercios cerrados, según constató Efe.
La ciudad que fue hasta hace poco un corredor por el que circulaban libremente de forma ilegal mercancías destinadas al contrabando, se ha quedado paralizada con el cierre de un tramo de la frontera ordenado por el Gobierno de Venezuela.
Muchos de los comercios en esta zona del oeste de Venezuela permanecen cerrados en parte porque, según los habitantes, sus dueños son colombianos y quedaron varados al otro lado de la frontera.
Pocas tiendas se mantienen abiertas, la mayoría de ellas de alimentos o medicinas ante las que aguardan largas filas de venezolanos que desde la madrugada se forman para comprar los productos que estén disponibles.
Artículos de higiene personal, y algunos alimentos como el arroz, pastas, leche, o café, solo pueden encontrarse a través de revendedores clandestinos que ofertan el producto incluso por 30 veces su valor.
'Ya uno no encuentra ni un granito de arroz, yo he tenido que salir a comer en la calle, porque en mi casa no tengo comida y si me pongo a hacer cola entonces no trabajo', explicó Nelson Benítez García, un taxista que vive en la zona desde hace más de 10 años.
