A raíz del informe publicado por EL HERALDO sobre cómo todos los ciudadanos están expuestos a la interceptación de sus comunicaciones por parte de organismos del Estado, el presidente de la Sociedad de la Información para las Américas, Lucas Lanza, habló sobre el concepto de privacidad y la manera como los gobiernos pueden aprovecharse de la Información obtenida.
Desde Argentina, Lanza manifestó que la privacidad es un derecho, pero que al mismo tiempo, hoy en día, con mayor o menor sofisticación, cualquiera puede vigilar o monitorear las comunicaciones, siendo el Estado el que con mayor frecuencia incurre en tal tipo de operaciones.
'Se entiende que por asuntos de seguridad nacional esta práctica sea secreta y a veces masiva, el problema está en la debilidad institucional de cada país que hace que los límites no sean claros y en algunos casos se sobrepasen', sostuvo.
En el informe, Privacy International, una organización británica de derechos humanos, dice que algunos entes del Estado colombiano pueden vigilar, de forma masiva y sin orden judicial, las comunicaciones de telefonía fija y celular, así como el intercambio de datos y el tráfico de internet de los ciudadanos.
La organización advierte que el Estado puede escuchar las conversaciones sin mayor problema, inclusive, acceder al computador o a la tableta.
El informe es titulado ‘Un Estado en la sombra: la ley de vigilancia y orden público en Colombia’.
En el documento se hace referencia a los sistemas de vigilancia que utilizan la Dipol y la Dijín, para interceptar las comunicaciones de los ciudadanos sin que un fiscal lo haya solicitado y sin que un juez lo haya autorizado.
Para Lanza, esta situación es común en la mayoría de países, sin embargo, afirma que desconoce si por seguridad nacional hay planes de monitoreo y vigilancia masiva. Agrega que de lo que sí tiene certeza es que muchas organizaciones utilizan tecnología de vigilancia sin autorización judicial.
Considera que, más allá del asunto de seguridad nacional por el que organizaciones del Estado usan el monitoreo, el acceso a información privada suele usarse para segmentar políticas y comunicaciones, hecho que, dice el experto, es la parte más sana.
Con base en lo manifestado por el alto funcionario, lo delicado de todo este asunto, aparte de la transgresión de la intimidad es que se ejerzan presiones múltiples relacionadas, entre otras, con apoyos políticos y manipulación de intereses.
María Teresa Garcés, abogada constitucionalista consultada por El Heraldo, recalca en que la Ley es clara en cuanto a que solo mediante una orden judicial se deben llevar a cabo las interceptaciones de las comunicaciones. Para Garcés, exmagistrada del Tribunal del Valle, bajo una falsa legalidad algunos organismos están menoscabando la intimidad de las personas. 'Hay leyes como la de Habeas Data que son garantistas de los derechos de las personas, lo que pasa es que muchas veces la Ley va por un lado y la realidad va por otro'.
En concepto de Garcés, las chuzadas del DAS ha creado zozobra en el aparato judicial, al punto que es muy común entre magistrados y jueces que manejan procesos delicados e información compleja, el uso de la frase: 'Este tema hablémoslo personalmente. Por teléfono no se puede'.
