Los familiares del defensor de derechos humanos, Jesús María Valle, pidieron investigar al general Santoyo, luego de una declaración rendida desde Miami los días 10, 11 y 12 de agosto pasado por el exjefe paramilitar Diego Fernando Murillo, alias Don Berna, en la que asegura, entre otras cosas, que el determinador del asesinato del activista fue el exsecretario de Gobierno de Antioquia, Pedro Juan Moreno.
Frente a lo dicho por el ex AUC, el sobrino del líder social, Mauricio Herrera Valle, dijo a Caracol Radio que si Moreno es el responsable intelectual del asesinato de su tío, el general debía tener conocimiento de esa orden: 'si mi tío en ese tiempo le denunció a los dos, en el despacho, que protegieran la población de Ituango, y no lo hicieron, y automáticamente lo declaran objetivo militar y después es asesinado, ellos tuvieron que haber tenido una complicidad.
Caso Jaime Garzón
Reiteró Murillo además que el ex subdirector del DAS, José Miguel Narváez, fue quien incitó al extinto jefe paramilitar, Carlos Castaño, a ordenar el crimen del humorista y periodista Jaime Garzón, perpetrado por El Negro Elkin, Alex San Pedro, Yilmar y Ángela, todos aparentemente muertos.
Agregó que había funcionarios estatales que hacían parte de las Autodefensas y proporcionaban apoyo para los asesinatos mencionando al general (r) Rito Alejo del Río, a un coronel Plazas y a un general Hernández.
Así mismo, advirtió que Castaño empezó a desviar la investigación por el crimen de Garzón con el detenido coronel (r) Mauricio Santoyo, entonces director del Gaula en Medellín, con quien buscaron y le pagaron a falsos testigos, entre ellos Juan Pablo Ortiz Agudelo, alias Bochas.
Otros crímenes
Sobre el crimen del abogado Eduardo Umaña Mendoza dijo que la orden fue ordenada por Castaño, tras afirmar que hacía parte de las estructuras del ELN.
Igualmente, relató cómo colaboró con enviados del Gobierno para quitarle credibilidad al testimonio del desmovilizado de las AUC, Francisco Enrique Villalba Hernández, que salpicaba a varios miembros de la fuerza pública en la masacre de El Aro, en Ituango, Antioquia, el 22 de octubre de 1997.
