En el ojo del huracán se encuentra el fiscal general de la Nación, Eduardo Montealegre, por señalamientos alrededor de contratos del ente acusador por más de 19 mil millones de pesos, que sorprenden por los elevados montos y que además habrían sido adjudicados de manera directa a exmagistrados, consultores y periodistas.
Montealegre, quien deberá entregar su cargo en seis meses, está al frente de un organismo de 23 mil funcionarios y 2,8 billones de pesos de presupuesto, sobre todo, luego de que el Gobierno y el Congreso le aprobaran al ente la reforma que le dotó de más recursos y planta de personal.
Entre los personajes que figuran por dichos contratos aparecen la politóloga y periodista Natalia Springer, quien recibió 4 mil millones de pesos –por un trabajo del que la Unidad de Análisis y Contexto ha puesto en duda su calidad–; el exmagistrado y posible candidato a la Registraduría Néstor Osuna, quien obtuvo 174 millones, y el asesor de la Corte Penal Internacional, Baltasar Garzón, contratado por 1.380 millones.
También cuestionan otros contratos, como el de la exmagistrada del Consejo de Estado Susana Buitrago, la ponente del fallo que le permitió a Montealegre permanecer en su cargo durante cuatro años y no durante uno, y quien recibió un contrato por 174 millones de pesos.
Igualmente, el exmagistrado Alfonso Vargas, quien votó a favor la ponencia de Buitrago, recibió un contrato por 517 millones de pesos.
Así mismo, los periodistas Eccehomo Cettina, Camilo Chaparro y John Álvarez –asesor de Planeación Nacional–, recibieron jugosos contratos por 445 millones, 186 millones y 180 millones, respectivamente.
El control de estos contratos, por otra parte, no está claro, ya que el propio Montealegre ganó hace dos años una tutela contra la Contraloría de Sandra Morelli –acusada a su vez por la Fiscalía por detrimentos al erario– para que el ente de control fiscal no pudiera indagar al fiscal ni a los magistrados de las altas cortes.
No obstante, la Contraloría sí ha entrado a averiguar por los 22 mil millones de pesos que se ha gastado el organismo de investigación penal en tiquetes aéreos dentro y fuera del país.
Todas estas denuncias las ha revelado el Centro Democrático, colectividad que asegura que desde la Fiscalía hay una 'persecución' contra los exfuncionarios de su líder, el expresidente Álvaro Uribe, ya que hay una veintena de uribistas condenados, prófugos o investigados por temas penales que van desde parapolítica o narcotráfico, hasta asuntos de espionaje o corrupción.
Algunos son: Mario Uribe, Santiago Uribe, Andrés Felipe Arias, Óscar Iván Zuluaga, Edmundo del Castillo, César Mauricio Velásquez, José Obdulio Gaviria, Luis Carlos Restrepo, Mauricio Santoyo, Jorge Noguera, Sabas Pretelt y Diego Palacio.
Finalmente, el senador uribista Ernesto Macías anunció una citación al fiscal a un debate de control político.
Springer responde
La politóloga aseguró a ‘El Tiempo’ que el trabajo que ella hizo en la Fiscalía no lo hubiera podido hacer la entidad, pues no tiene el personal calificado. Explicó, además, que los contratos tienen por objeto el diseño de estrategias de investigación que permitan abordar las conductas criminales en contexto. Agregó que los resultados de sus investigaciones están sometidos a la vigilancia procesal. Y concluyó que no renunciará a su trabajo con la Fiscalía, pues señala que son de gran importancia y que ella los ha asumido con la responsabilidad debida. Por su parte, el fiscal ha dicho que el resultado de sus trabajos son 'revolucionarios' y se darán a conocer en los juicios contra máximos jefes de las Farc.
'Se evitarán demandas billonarias'
El fiscal Eduardo Montealegre respondió que los contratos por los que se le cuestionan tienen el objetivo de evitar y solucionar las 14 mil demandas que tiene la Fiscalía General de la Nación por unos 35 billones de pesos.
Negó el jefe del ente acusador que esté pagando favores a través de dichos contratos y explicó que, por ejemplo, el contrato con el exmagistrado del Consejo Superior de la Judicatura Pedro Munar busca sanear los bienes por un valor de 8 billones de pesos incautados en la Unidad de Extinción de Dominio de la Fiscalía.
Agregó que de los contratos con Springer tienen listo un informe de 630 páginas que esperan presentar una vez se conozcan decisiones del proceso de paz en Cuba.
Por último, advirtió que no asistirá al debate de control político que citó la bancada del Centro Democrático porque, citando a la Corte Constitucional, dijo que el Congreso no tiene competencia para hacerle debates al fiscal.
