Bogotá. La jurisdicción especial para la paz se refiere a un ámbito de justicia diseñado especialmente para investigar, juzgar y sancionar todo lo relacionado con los hechos cometidos en el marco del conflicto armado en Colombia, y, sobre todo, para buscar la satisfacción de los derechos de las víctimas.
Esta jurisdicción contará con salas de justicia especializadas y con un Tribunal para la Paz, compuestas las salas y el tribunal por magistrados colombianos, en su mayoría, y algunos extranjeros, que deberán juzgar y sancionar a los responsables sobre todo de los delitos más graves, obtener la verdad y garantizar la reparación a las víctimas y por supuesto la no repetición.
Además, habrá amnistía para quienes hayan cometido delitos políticos y conexos, es decir, los que se enmarcan en la actividad de rebelión, como se ha acostumbrado en distintos procesos similares en el mundo. Una ley de amnistía dirá el alcance de esa conexidad.
No obstante, se enfatizó al respecto que no habrá amnistía para quienes hayan cometido delitos de lesa humanidad, genocidio y graves crímenes de guerra, como toma de rehenes u otra privación grave de la libertad, la tortura, el desplazamiento forzado, la desaparición forzada, las ejecuciones extrajudiciales y la violencia sexual.
Un tema inédito es que esta jurisdicción especial les da a las organizaciones de víctimas y de derechos humanos la oportunidad de intervenir para que se inicien los procesos judiciales y se sentencie a los responsables.
Otro aspecto del acuerdo pone de presente que esta jurisdicción tendrá competencia sobre todos los que de manera directa o indirecta hayan participado en la guerra en Colombia, es decir, Farc y fuerza pública, especialmente con ocasión de los casos más graves.
Así mismo, esta jurisdicción trae tres penas: una para quienes admiten su responsabilidad, otra para quienes lo hacen tardíamente y la última para quienes no lo hacen. Para los primeros habrá 'restricción de libertades y derechos' de cinco a ocho años y además deberán realizar 'trabajos, obras y actividades'. Para los segundos habrá una 'pena de prisión de cinco a ocho años, en condiciones ordinarias' y con 'trabajo, capacitación o estudio durante el tiempo que permanezca privado de la libertad'. Y para los terceros habrá 'pena de prisión hasta de 20 años, en condiciones ordinarias'.
Finalmente, se aclara que 'para acceder a cualquier tratamiento especial dentro de la jurisdicción especial para la paz es necesario aportar verdad plena, reparar a las víctimas y garantizar la no repetición'.
Y que 'en el caso de las Farc, la participación en el sistema integral estará sujeta a la dejación de armas, que deberá comenzar a más tardar a los 60 días luego de la firma del acuerdo final'.
Al respecto, señaló el presidente Santos que 'lo que logramos hoy (ayer), es una gran noticia para Colombia y también para el mundo. Esta es la primera vez que un gobierno y un grupo armado ilegal -en un acuerdo de paz y no como resultado de posteriores imposiciones- crean un sistema de rendición de cuentas ante un Tribunal por la comisión de crímenes internacionales y otros delitos graves'.
Y concluyó: 'estamos sentando un precedente ante la comunidad internacional que puede dar esperanza para otros conflictos armados en el planeta'.
Acuerdo de creación de una Jurisdicción Especial para la Paz
1. El Gobierno de la República de Colombia y las FARC-EP reafirman su compromiso con los acuerdos logrados hasta la fecha: 'Hacia un Nuevo Campo Colombiano: Reforma Rural Integral', 'Participación política: Apertura democrática para construir la paz' y 'Solución al Problema de las Drogas Ilícitas'.
2. A la vez, reafirman su compromiso con una fórmula de justicia que satisfaga los derechos de las víctimas y contribuya a la construcción de una paz estable y duradera. Con ese propósito estamos construyendo un Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición. En ese marco hemos acordado que se creará una Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición y hemos logrado acuerdos importantes en materia de reparación de las víctimas.
3. En cuanto al componente de justicia, hemos acordado crear una Jurisdicción Especial para la Paz, que contará con Salas de Justicia y con un Tribunal para la Paz. Las Salas y el Tribunal estarán integrados principalmente por magistrados colombianos, y contarán con una participación minoritaria de extranjeros que cumplan los más altos requisitos. La función esencial de las Salas y del Tribunal para la Paz es acabar con la impunidad, obtener verdad, contribuir a la reparación de las víctimas y juzgar e imponer sanciones a los responsables de los graves delitos cometidos durante el conflicto armado, particularmente los más graves y representativos, garantizando la no repetición.
4. El componente de justicia prevé que a la terminación de las hostilidades, de acuerdo con el DIH, el Estado colombiano otorgará la amnistía más amplia posible por delitos políticos y conexos. Una ley de amnistía precisará el alcance de la conexidad. En todo caso no serán objeto de amnistía o indulto las conductas tipificadas en la legislación nacional que se correspondan con los delitos de lesa humanidad, el genocidio y los graves crímenes de guerra, entre otros delitos graves como la toma de rehenes u otra privación grave de la libertad, la tortura, el desplazamiento forzado, la desaparición forzada, las ejecuciones extrajudiciales y la violencia sexual.
Estos delitos serán objeto de investigación y juzgamiento por parte de la Jurisdicción Especial para la Paz.
5. La Jurisdicción Especial para la Paz tendrá competencia respecto de todos los que de manera directa o indirecta hayan participado en el conflicto armado interno, incluyendo a las FARC-EP y a los agentes del Estado, por los delitos cometidos en el contexto y en razón del conflicto, en especial respecto de los casos más graves y representativos.
6. La Jurisdicción Especial para la Paz contempla dos tipos de procedimientos: uno para quienes reconocen verdad y responsabilidad, y otro para quienes no lo hacen o lo hacen tardíamente. A los primeros se les impondrá una sentencia, fundada en las conductas reconocidas después de haber sido contrastadas las investigaciones de la Fiscalía General de la Nación, las sanciones impuestas por otros órganos del Estado, las sentencias judiciales existentes, así como la información que provean las organizaciones de víctimas y de derechos humanos. Los segundos enfrentarán un juicio contradictorio ante el Tribunal.
7. Las sanciones que imponga el Tribunal tendrán como finalidad esencial satisfacer los derechos de las víctimas y consolidar la paz y deberán tener la mayor función restaurativa y reparadora del daño causado. Para todos aquellos que reconozcan responsabilidades por los delitos competencia del Sistema, la sanción tendrá un componente de restricción de libertades y derechos que garantice el cumplimiento de las funciones reparadoras y restauradoras de las mismas mediante la realización de trabajos, obras y actividades y en general la satisfacción de los derechos de las víctimas. Las sanciones para quienes reconozcan delitos muy graves tendrán un mínimo de duración de cumplimiento de 5 años y un máximo de 8 de restricción efectiva de la libertad, en condiciones especiales. Las personas que hagan dicho reconocimiento de manera tardía ante el Tribunal serán sancionadas con pena de prisión de 5 a 8 años, en condiciones ordinarias. Para tener derecho a la pena alternativa, se requerirá que el beneficiario se comprometa a contribuir con su resocialización a través del trabajo, capacitación o estudio durante el tiempo que permanezca privado de la libertad. Las personas que se nieguen a reconocer su responsabilidad por tales delitos y resulten culpables serán condenadas a pena de prisión hasta de 20 años, en condiciones ordinarias.
8. Para acceder a cualquier tratamiento especial dentro de la Jurisdicción Especial para la Paz es necesario aportar verdad plena, reparar a las víctimas y garantizar la no repetición.
9. En el caso de las FARC-EP, la participación en el sistema integral estará sujeta a la dejación de armas, que deberá comenzar a más tardar a los 60 días luego de la firma del Acuerdo Final.
10. La transformación de las FARC-EP en un movimiento político legal es un objetivo compartido, que contará con todo el apoyo del Gobierno en los términos que se acuerden.
