«Después de 24 horas no quiero hablar más», espetó el abogado Felipe Rincón, representante de uno de los implicados en la defraudación por 80 mil millones de pesos al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag) en el departamento de Córdoba. Efectivamente, luego de una larga y dispendiosa audiencia la juez 71 con funciones de control de garantías declaró la legalidad de once de las 17 capturas que se adelantaron el pasado viernes en varios municipios de la región Caribe. La diligencia se adelantó en el Complejo Judicial de Paloquemao de Bogotá, a donde fueron trasladados 14 aprehendidos.
Luego de que la juez declarara la legalidad formal y material de la mayoría de capturas, varios de los abogados presentaron recurso de apelación; la mayoría, alegando que los documentos que les fueron trasladados para privar de la libertad a sus prohijados eran fotocopias de órdenes de captura que además tenían, según dijeron, alteraciones en la fecha de expedición.
Previamente, la presidenta de la sala había expuesto sus argumentos para certificar que estaba dentro de los tiempos establecidos por la ley. La juez recordó a los sujetos procesales que la inmediatez con la que debe ser llevado un capturado ante un juez de la República es cuando se da una situación de flagrancia, mientras en los eventos en los cuales media una orden judicial, se establece un plazo máximo de 36 horas para que se legalice la captura.
En medio de la larguísima audiencia, la juez se declaró competente y calificó el proceso como de alta complejidad en virtud de la cantidad de indiciados y la naturaleza de las conductas punibles y, atendiendo la solicitud del representante del Ministerio Público, ordenó desierto el recurso de apelación interpuesto por el jurista Marco Tulio Mangones, apoderado de dos de los indiciados, por considerarlo desproveído de argumentos.
Respecto a tres de los indiciados, cuya captura se decretó ilegal en la ciudad de Montería, se conoció que estas personas presentaban incapacidad física. Se trata de una mujer en estado de embarazo, un paciente de cáncer y un hombre que resultó infartado.
Sobre la situación de su cliente (Álvaro Antonio Narváez Llorente) el defensor Felipe Rincón le dijo a EL HERALDO que se trata de un abogado que recibió unos poderes para ejecutar actos administrativos con el fin de legalizar reconocimientos de reajustes de pensiones pero, dijo, «ni siquiera interpuso las demandas». Rincón cuestionó el hecho de que a su poderdante le sea endilgado el delito de prevaricato.
La Fiscalía imputará cargos
Prosiguiendo con las audiencias preliminares, la juez 71 fijó para este domingo el inicio de la formulación de imputación de cargos por los delitos de falsedad en documento público, falsedad ideológica en documento público, falsedad en documento privado, prevaricato, peculado y concierto para delinquir.
Sobre las capturas efectuadas en Montería, Lorica, Chinú, Cereté, Barranquilla, y Cartagena, el director Nacional de Fiscalías, Jesús Orlando Ospitia Garzón, había dicho que se trata de una organización del departamento de Córdoba que habría defraudado en más de 80 mil millones de pesos al Fomag para el reconocimiento y ajuste de pensiones a nombre de beneficiarios ficticios.
Ospitia Garzón declaró que la estafa necesariamente está ligada a la corrupción en la administración de justicia, en vista de que una juez civil del municipio de Lorica, dos secretarios suyos y doce abogados integran la red de la que además hacen parte funcionarios de las secretarías de Educación de dicha población y del departamento de Córdoba. El funcionario de la Fiscalía reveló que hay al menos cinco capturas pendientes, entre ella la de la juez loriquera.
La estrategia de estafa, señaló la fuente, consistía en la falsificación de documentos como resoluciones, poderes y certificaciones, con los cuales emprendían las acciones de reconocimiento de pago y ajustes de pensiones ante la susodicha juez, quien —dijo la Fiscalía— contrariamente a la ley, ordenó el desembolso continuado de millonarias sumas.
