Bogotá. En el marco de la extensa audiencia de imputación de cargos a los 17 presuntos implicados en el desfalco de más de 80 mil millones de pesos al Magisterio Nacional, el fiscal 5 delegado ante el Tribunal de Bogotá del Grupo de Fiscales para la Investigación de Funcionarios Judiciales, Alfredo Parada Ayala, señaló que la jueza civil de Lorica, Isabel Montes, había sido advertida que ordenar la cancelación de las sumas era abiertamente ilegal y, sin embargo, hizo caso omiso.
En medio de la imputación, que se inició el domingo, continuó ayer lunes y seguirá durante un par de días más, el delegado del ente acusador indicó que una de las partes en los procesos que falló a favor la prófuga togada le advirtió que había un ilícito en la orden de cancelar las millonarias sumas de dinero, pero la administradora de justicia no negó la solicitud.
'La jueza Montes Oyola, a sabiendas de que esas resoluciones no provenían de la fiduciaria, ella de manera inmediata libraba los procedimientos ejecutivos, por medio de los cuales embargaba las cuentas de ahorro y crédito', reportó el fiscal Parada.
Agregó el investigador que 'pese a las reglas existentes sobre la inembargabilidad de esas cuentas, la juez obraba a favor de los abogados, quienes llegaron a cobrar dineros del Fondo en suma cercana a los 80 mil millones de pesos'.
La jueza 71 de control de garantías de Bogotá, quien preside la judicialización de los 17 abogados, funcionarios y exfuncionarios, escuchó hasta ayer siete de la veintena de procesos ejecutivos laborales de 2010, 2011 y 2012, en los que se utilizaban pólizas falsas, con la aceptación de poderes falsos, a través de los cuales los procesados lograban el cobro de dinero.
El modus operandi de los abogados implicados era la presentación de certificaciones falsas de docentes, a través de las cuales se interponían demandas ejecutivas laborales en contra de la fiduciaria La Previsora,.
El total de órdenes de captura fue de 22 y se logró hacer efectivas 17, entre las cuales tres personas quedaron en Montería por razones de salud y otras tres libres por mal procedimiento, entre ellas Elizabeth Burgos, exsecretaria de Educación de Lorica y la abogada Katherine Cogollo.
Los otros detenidos son los secretarios de los juzgados civiles del circuito de los municipios de Lorica y Cereté, Mario Nicolás Espinoza Espinoza y Edwin de Jesús Salgado Guerrero, respectivamente. Así mismo, se encuentra Alberto Aparicio Ávila Sánchez, exsecretario de Educación de Cereté.
Igualmente responden Jorge Eliécer Peralta Nieves, exvicepresidente del Fondo Nacional de Prestaciones del Magisterio en esa región, y los abogados Álvaro Antonio Narváez Llorente, Samir Antonio Chagui Flores –hermano del candidato a la Alcaldía de Cereté por el MAIS, Salim Chagui-, Álvaro Enrique Burgos del Toro, Guillermo Raúl Rhenals Nova –representante de la Fiduprevisora, a quien Peralta otorgaría el poder para los pagos-, Jesús Eduardo Mangones Rhenals, Román Enrique Fuentes Álvarez y Albeiro Ramón Mangones Álvarez.
También figuran la exsecretaria de Educación de Córdoba, Estela Álvarez; el abogado Jaime Agámez –quien tramitaría los poderes falsificados- y el abogado y actual candidato a la Alcaldía de Purísima, Córdoba, Daniel López, quien es prófugo.
