Montería. Sor Teresa Gómez Álvarez, alias la Negra, hermana de crianza y mujer de confianza del ‘Clan Castaño’ que operó con sus grupos de Autodefensa en Córdoba y el Urabá, fue condenada a 12 años y 4 meses de prisión, por un juzgado penal del circuito especializado de Antioquia, que la declaró culpable de los delitos de destrucción y apropiación de bienes protegidos, deportación, expulsión, traslado o desplazamiento forzado de población civil, lavado de activos agravado y concierto para delinquir agravado.
Gómez Álvarez fue señalada por el presidente Juan Manuel Santos en una rueda de prensa en Montería a comienzos del 2013, como uno de los personajes que en ese entonces estarían encabezando el llamado ‘ejército antirrestitución’.
El 8 de octubre de ese mismo año fue capturada en Yumbo, Valle y llevada a Bogotá, donde se desarrolló el juicio en el que, la que fue considerada la mano derecha de los hermanos Castaño, aceptó los cargos.
'Una burla'
La sentencia no fue bien recibida entre los voceros de las víctimas en Córdoba como Óscar Emilio Zuluaga, representante legal de la fundación Por la Reivindicación Socioeconómica de Víctimas, quien consideró que 12 años de cárcel 'es una burla para las víctimas, porque esa fue una red que hizo mucho daño, esa condena debió ser la máxima'.
Para Zuluaga las acciones de Sor Teresa en Córdoba afectaron a por lo menos 600 campesinos, sin contar con los casos de San Pedro de Urabá y Necoclí.
Su condena la informó la Fiscalía General de la Nación que justificó la investigación con el hecho de que entre los años 1994 y 1997, los grupos que conformaron la estructura de las Autodefensas Unidas de Córdoba y Urabá (ACCU), posteriormente convertidas en las Auc, a cargo de los hermanos Fidel, Carlos y Vicente Castaño Gil, hicieron presencia mediante actos de violencia y barbarie en contra de la población civil en una zona denominada La Tulapa, ubicada en los municipios de Turbo y Necoclí (Antioquia).
'Esta situación buscaba la salida de sus habitantes y de grupos señalados como simpatizantes o militantes de las FARC, según ellos para homogenizar políticamente y pacificar la región, a través del desplazamiento forzado de los pobladores, amenazas, homicidios selectivos y múltiples desapariciones forzadas, desatando el abandono de tierras por parte de los habitantes y ocupantes y posterior despojo en dicha región', sostiene el ente investigador.
Agrega que 'una vez conseguido este objetivo, Gómez Álvarez fue enviada por Vicente Castaño a legalizar las tierras, lo que se logró a través de un acuerdo con el Fondo Ganadero de Córdoba, compuesto por Benito Osorio Villadiego (gerente), Benito Molina Velarde (presidente) y los demás miembros de la Junta Directiva, quienes se encontraban en la misma Finca 52 ese día, los cuales acordaron comprar entre 5.000 y 6.000 hectáreas, evitando así el retorno a sus tierras de la población desplazada'.
Presionaba a campesinos
Señala la Fiscalía que Sor Teresa Gómez fue la que se encargó además, de presionar a los campesinos con intimidaciones y engaños para que vendieran sus tierras a precios irrisorios los hacía comparecer a las oficinas de la extinta Fundación Para la Paz de Córdoba (Funpazcor), donde los hacía firmar un poder para ella supuestamente vender las tierras al Fondo Ganadero de este Departamento.
Otras dos condenas
En el mismo proceso también fue condenado a 16 años y 8 meses de cárcel el presidente del Fondo Ganadero, Benito Molina Valverde, aprehendido hace varios meses y sindicado de los delitos de concierto para delinquir, lavado de activos agravado y desplazamiento forzado agravado.
Este último además deberá pagar una multa de 25.789 salarios mínimos mensuales vigentes, a favor de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas.
Cabe recordar que en agosto pasado la Fiscalía también ratificó la condena a 19 años de prisión, del exgerente del Fondo Ganadero de Córdoba, Benito Osorio Villadiego. La decisión judicial data del 30 de abril, por parte del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Antioquia.
La Fiscalía señaló que Osorio llegó a ese cargo disposición de uno de los comandantes de las ACCU, Vicente Castaño Gil.
Yolanda Izquierdo
Sor Teresa Gómez también ha sido señalada como la autora intelectual del homicidio de la líder de restitución de tierras Yolanda Izquierdo Berrío, ocurrido el 31 de enero de 2007 en la terraza de su casa en el barrio Mi Ranchito, margen izquierda del río Sinú, en Montería.
Esta es la imagen que más se recuerda de Yolanda Izquierdo: con el mapa de las tierras despojadas.
La líder había pedido protección porque sentía la muerte cerca, e incluso durmió en dos casas diferentes días antes de su asesinato.
Izquierdo representaba los intereses de 843 familias que habían salido desplazadas de la hacienda Santa Paula, en zona rural de Montería, por acciones de las AUC.
Por eso, no era extraño su presencia permanente con montones de carpetas en los juzgados y tribunales de Montería, donde guardaba los centenares de testimonios de labriegos que abandonaron el campo atemorizados por las AUC.
Siete años después del asesinato de Yolanda Izquierdo, el Gobierno Nacional a través del programa de restitución devolvió el predio Santa Paula a sus propietarios originales, pero la parcela de la líder fue recibida por un pariente porque su familia huyó atemorizada de Montería.
