La Fiscalía General de la Nación ordenó la captura de 86 reclamantes de tierras que argumentaban haber sido despojados de ellas por los actores del conflicto armado colombiano.
'Son personas que sin tener ningún tipo de relación con las tierras, porque no son ni han sido sus propietarios ni fueron despojados, querían ser vinculados como reclamantes' ante las autoridades competentes, explicó el fiscal general Eduardo Montealegre ayer en una declaración a la prensa.
De las 86 órdenes de captura, de acuerdo con el funcionario judicial, 62 ya se habían hecho efectivas al momento de hacer el anuncio. Indicó que los sindicados, desde 2013, pretendían hacerse ilegalmente a tierras en los departamentos de Antioquia, Córdoba y Cesar.
En total, dijo el fiscal, son 1.800 hectáreas avaluadas en 7.000 millones de pesos.
A los investigados, que podrían ser castigados hasta con 15 años de prisión, se les imputará ante jueces de la república delitos como fraude procesal, falsedad documental y falso testimonio.
La propiedad y uso de la tierra en Colombia, un país de 114 millones de hectáreas, han sido descritos tradicionalmente como algunas de las causas del conflicto armado interno de más de 50 años.
Aunque hay discrepancia respecto de cuánta tierra exactamente ha sido robada, transferida ilegalmente o despojada ante amenazas de grupos armados ilegales —desde paramilitares y narcotraficantes hasta guerrilleros_, se calcula que es como mínimo de dos millones de hectáreas, según el gobierno, y de más de seis millones de acuerdo con distintas entidades no gubernamentales.
El objetivo de la administración de Santos, según ha dicho el propio gobierno, es revertir esa situación y tratar de que toda esa tierra que en el pasado fue arrebatada con amenazas y fusiles regrese a sus legítimos dueños.
