La jueza 4 de control de garantías dictó anoche medida de aseguramiento en centro carcelario contra el máximo accionista de Fidupetrol, Hélbert Otero.
Antes, un fiscal del despacho del vicefiscal le había imputado el delito de tráfico de influencias por la contratación del exmagistrado Rodrigo Escobar Gil, quien habría intentado favorecer ante la Corte Constitucional una tutela de la fiduciaria con acciones aparentemente irregulares.
Otero, quien no aceptó cargos, habría contratado a Escobar, en noviembre de 2013, para que este ejerciera supuestas influencias sobre los magistrados Jorge Pretelt, Mauricio González y Guillermo Guerrero, para que fallaran a favor una tutela de Fidupetrol.
El pasado 28 de agosto, Otero, quien está recluido en la Cárcel Modelo, había sido imputado por el mismo delito, pero en esa ocasión por la contratación del abogado Víctor Pacheco para que, igualmente, ejerciera influencias ante la Corte Constitucional con el fin de que fuese seleccionado el recurso de la fiduciaria.
La Fiscalía, en una solicitud que coadyuvó la Procuraduría, advirtió ante la jueza que, por la gravedad de los hechos, peligro para la comunidad y posible obstrucción a la justicia, Otero debía ser cobijado con medida de aseguramiento en centro carcelario.
Por su parte, la defensa de Otero señaló que hay conexidad entre las imputaciones, 'porque es el mismo hecho pero analizado desde distintos prismas, lo que en todo caso hace improcedente imponer otra medida de aseguramiento'.
Agregó el representante de Otero que no fue su cliente el de la idea de contratar a Escobar -a quien se imputarán cargos el próximo 4 de noviembre-: 'Said Idrobo es quien recomienda la contratación de Escobar para reforzar defensa de Pacheco'.
Este caso, conocido como el escándalo de Fidupetrol y que derivó en una profunda crisis institucional en la alta corte defensora de la Carta Magna, se desató por el supuesto soborno de 500 millones de pesos por parte de Pacheco -hoy testigo clave de la Fiscalía- al magistrado cordobés Pretelt -investigado por la Comisión de Acusaciones- para que se seleccionara una tutela que, de ser fallada favorablemente, le hubiera ahorrado el pago de 22.500 millones de pesos a la fiduciaria.
