La suerte jurídica del coronel (r) Luis Alfonso Plazas Vega, el primero de los militares condenado por la operación de retoma del Palacio de Justicia el 7 de noviembre de 1985, tras el ataque de 35 guerrilleros del M-19, y la del general (r) Jesús Armando Arias Cabrales, el oficial de más alto nivel preso por estos hechos, está en manos de la Corte Suprema de Justicia.
Plazas, el 9 de junio de 2010, fue condenado a 30 años de prisión por desaparición forzada agravada, en los casos de la guerrillera Irma Franco Pineda y Carlos Rodríguez Vera, administrador de la cafetería de la sede judicial. La sentencia fue ratificada por el Tribunal Superior de Bogotá el 30 de enero de 2012.
También por desaparición forzada, Arias fue condenado, el 29 de abril de 2011, a 35 años de cárcel. Además de los casos de Franco y Rodríguez, le endilgan los de Bernardo Beltrán, mesero de la cafetería; David Suspes, chef de la misma, y Luz Mary Portela, empleada de la cocina –sus restos mortales fueron identificados en una fosa, dijo el pasado 20 de octubre la Fiscalía–.
Contra Arias Cabrales, en aquel entonces comandante de la Brigada XIII, pesa en la misma sentencia una inhabilidad por 20 años para ocupar cargos públicos. Su condena fue confirmada por el Tribunal Superior el 28 de octubre de 2014.
A LA ESPERA
Los dos militares, actores de primera línea del llamado Plan Tricolor para recuperar el Palacio de Justicia, presentaron recursos de casación ante la Corte Suprema. Esta aún no ha tomado una decisión.
Sobre el proceso del coronel Plazas, quien era el comandante de la Escuela de Caballería, trascendió, en julio pasado, que el magistrado Luis Guillermo Salazar presentó una ponencia en la que plantea absolverlo porque, a su juicio, no hay pruebas contundentes que demuestren su responsabilidad en lo que el país conoce desde hace 30 años como el holocausto de la Justicia.
Esta propuesta difiere con lo que concluyó la jueza Tercera Especializada de Bogotá, María Stella Jara, al condenar a Plazas. Luego de considerar que hubo una estrategia 'con el fin último de extender un manto de impunidad' sobre los acontecimientos que estremecieron al país, para lo cual se valieron de una 'estructura de personas y medios estatales que operó al margen del estado de derecho', la funcionaria sentenció: '(...) existe suficiente material probatorio que demuestra que el entonces coronel Luis Alfonso Plazas Vega impartió órdenes respecto al tratamiento que debía brindárseles a los sobrevivientes que habían sido trasladados a la Escuela de Caballería y que finalmente resultaron desaparecidos'.
En la condena a Arias, quien en el operativo utilizó el nombre clave de Arcano 6 en las comunicaciones vía radio, la jueza 51 Penal del Circuito, María Cristina Trejos, consideró que, como máximo responsable de la retoma, estuvo enterado de que los desaparecidos salieron con vida del Palacio.
La fiscal delegada ante la Corte, Ángela Buitrago, quien durante cuatro años se encargó de desempolvar la investigación, afirmó, en la acusación que 'no cabe duda de que Jesús Armando Arias Cabrales coordinó, dirigió y supo que estas personas salieron del Palacio...'.
CONDENA AL ESTADO
En diciembre de 2014, la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado colombiano por la desaparición de 11 personas en la retoma de la sede judicial, 10 de ellas trabajadores de la cafetería y la guerrillera Irma Franco.
Para la CIDH Colombia fue responsable al 'haber violado su deber de garantizar el derecho a la vida'. Y concluyó que, tras salir con vida, 'los sospechosos eran separados de los demás rehenes, conducidos a instituciones militares, en algunos casos torturados, y su paradero posterior se desconocía'.
En octubre pasado, la Fiscalía anunció, que llamaría a indagatoria a 14 militares, entre ellos los generales (r) Iván Ramírez Quintero, ex comandante del Comando Operativo de Inteligencia y Contrainteligencia del Ejército, y Rafael Hernández López, y al coronel (r) Edilberto Sánchez Rubiano, ex jefe de inteligencia de la Brigada XIII. Con la clave Arcano 2 , este último tuvo a su cargo los interrogatorios en la Casa del Florero, sitio del que se llevaron a los sobrevivientes.
El pasado jueves, la Fiscalía anunció que llamará a declarar a los exministros Enrique Parejo, Noemí Sanín y Jaime Castro para conocer qué supo el Gobierno sobre la toma al Palacio de Justicia, pues todo indica que los militares sí conocían que algo iba a pasar.
En efecto, el propio general Miguel Vega, entonces ministro de Defensa, dijo en el Congreso que el M-19 planeaba esa acción. Lo único fue que dio como fecha el 17 de octubre. El asalto sucedió 20 días después con suma facilidad, ante la débil vigilancia de la sede judicial.
'Belisario debe responder', insisten las víctimas
Por la tragedia del Palacio de Justicia, el expresidente Belisario Betancur Cuartas afirmó el pasado miércoles: 'Si errores cometí, pido perdón a mis compatriotas (...)'. De inmediato las víctimas reactivaron su pedido para que 'responda' por el holocausto y dijeron que debe acudir 'lo más pronto' ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara para que 'aclare cuál es el alcance de los errores que ha reconocido'. Jorge Molano, abogado de familiares de los desaparecidos, manifestó, además, que en los operativos militares 'no hubo errores sino desapariciones, torturas y ejecuciones que son crímenes contra la humanidad'. En enero de 2012, al confirmar la condena de 30 años de prisión al coronel (r) Luis Alfonso Plazas Vega, el Tribunal Superior de Bogotá le solicitó a la Corte Penal Internacional, CPI, que actúe para establecer la responsabilidad del exmandatario. El Tribunal le pidió directamente al fiscal principal de esta institución que 'considere presentar el caso (de Belisario Betancur) ante dicho organismo e impida la consolidación de la impunidad que brinda el fuero que lo protege'.
