Luego de que la Comisión de Acusaciones de la Cámara decidiera acusarlo ante el pleno de esa cámara baja, en una decisión por lo demás inédita, el magistrado de la Corte Constitucional, Jorge Pretelt, calificó ayer como 'sospechosa' la votación de la célula legislativa encargada de juzgar a los altos funcionarios estatales.
El togado cordobés dijo, además, que son 'falsas' las declaraciones del abogado barranquillero Víctor Pacheco, quien ya ha entrado a obrar como testigo de la Fiscalía y quien, según los testimonios de otros magistrados de ese mismo tribunal, ha aseverado que el jurista monteriano le pidió un soborno de 500 millones de pesos para favorecer el trámite de una tutela de Fidupetrol.
Frente a la votación de nueve votos a favor y cero en contra en la célula congresional, compuesta por 15 parlamentarios, lo que avaló que el escrito de acusación por concusión formulado por el representante liberal Julián Bedoya tenga que ser estudiado por la plenaria de la Cámara, Pretelt reclama un 'precario quórum' y asegura que no se notificó oportunamente a todos los congresistas de esa comisión.
El togado conservador, que queda así en la historia como el primer magistrado acusado en tiempos recientes ante el pleno de la Cámara por la cuestionada y moribunda Comisión de Acusaciones, deberá enfrentar la siguiente etapa del proceso antes de 15 días. El próximo martes estaría en el orden del día de la plenaria el caso Pretelt.
La célula legislativa decidió acusar al jurista cordobés al considerar que un magistrado de la Corte Constitucional, el alto tribunal defensor de la Carta Magna, debía demostrar una conducta intachable y no debía recaer sobre éste ninguna sospecha de corrupción en un tema tan delicado como el trámite de los recursos que invocan derechos fundamentales.
Además, la Comisión de Acusaciones valoró las otras decisiones proferidas por la Fiscalía y los jueces, que han suscrito preacuerdos con Pacheco y han judicializado al máximo accionista de la fiduciaria comprometida, Hélbert Otero.
La decisión que tiene en ascuas al togado conservador queda así en manos de la plenaria de la cámara baja, que debe votar por mayoría simple y cada voto debe ser público. Y sin que haya lugar a recursos por parte del magistrado.
Si la Cámara aprueba la acusación, el caso será estudiado por una comisión de instrucción del Senado, que deberá recoger nuevo material probatorio y escuchar a las partes.
