¿Quién, por qué y para qué? Uno de los capítulos del holocausto del Palacio de Justicia que varios de sus protagonistas todavía consideran abierto es el de las razones que llevaron a la toma. Luego de 30 años no parece haber unanimidad en la respuesta a esas tres simples –pero cuán difíciles– preguntas. Basta volver a hablar con los implicados, revisar los testimonios y documentos oficiales y extraoficiales para encontrarse con que ninguna de las hipótesis sobre el objetivo de la toma es completamente aceptada. La posible relación de los carteles con líderes del M-19, los procesos de los magistrados de la Corte Suprema en los meses previos al ataque y, sobre todo, la inexplicable reacción de las Fuerzas Armadas antes, durante y después de la retoma, aún dejan vacíos en cada teoría y, de paso, en la verdad de lo que pasó ese 6 de noviembre de 1985.
Hasta hoy, la versión oficial es la que presenta el Informe final de la Comisión de la Verdad sobre los hechos del Palacio de Justicia, creada por la Corte Suprema en el vigésimo aniversario del asalto, precisamente, 'frente a la evidencia de una verdad incompleta, impunidad y un pacto de silencio generalizado'. El grupo de magistrados concluyó que el objetivo principal del M-19 con la toma fue 'la realización de un juicio al Presidente' Belisario Betancur por incumplir los acuerdos de tregua suscritos con su gobierno en agosto de 1984, todo 'sumado a un golpe de opinión nacional e internacional'. A esta versión adhieren reconocidos investigadores del holocausto como Darío Villamizar y Ramón Jimeno, y Laura Restrepo en su libro Historia de una traición.
En el mismo informe, la Comisión de la Verdad se resistió, de entrada, a darle crédito a la teoría de una conspiración internacional colectiva entre el M-19, el salvadoreño Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) y el Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), de Nicaragua. Advirtió, además, que esa posibilidad está en el grupo de las 'menos verosímiles' y que 'difícilmente resisten un análisis'.
¿Hubo narcos detrás del holocausto?
La relación del M-19 con Pablo Escobar nunca fue secreta ni mucho menos. Comenzó en 1980 con los intentos de secuestro –fallidos y consumados– del grupo guerrillero a los capos de la droga, continuó con la respuesta bélica de Escobar representada en el MAS (Muerte a Secuestradores) y terminó un año después con un pacto de no agresión que habría resultado con visos de coalición, como registró en el 2001 Alonso Salazar en su libro La parábola de Pablo.
A pesar de que algunos líderes del ‘eme’ no comulgaban con el capo, no son pocos los testimonios que identifican a Iván Marino Ospina, líder máximo del movimiento guerrillero hasta su muerte en agosto de 1985, como amigo y único interlocutor del jefe del cartel de Medellín para llevar a cabo alianzas. De la cooperación en logística, armamento y transporte, también dieron fe en su momento los ex militantes del M-19 Otty Patiño y Rosemberg Pabón, e incluso fue materia de indagación del Departamento de Estado de los Estados Unidos.
Nilson Pinilla, magistrado integrante de la Comisión, le explicó a EL HERALDO apartes de lo que en su momento halló el contundente informe: 'Hoy está determinado que Pablo Escobar le envió una suma de dinero bastante alta (se estimó en 2 millones de dólares) a Iván Marino Ospina, entonces comandante del M-19, para financiar la toma del Palacio. Señalándole que, ya que irían a aventurarse a hacer esa actuación, de una vez le enseñaran a esos magistrados de la Sala Constitucional y Penal que con el Cartel de Medellín no se juega'.
Pinilla reconoce la fuerza de la versión según la cual la toma tenía como objetivo secundario quemar expedientes de delincuentes procesados, en ese momento ‘Los Extraditables’, pero no la corroboró en su investigación: 'La comisión no la desvirtuó ni la confirmó, en vista de que no se pudo determinar el origen de los tres incendios, en especial el del costado oriental donde reposaban la mayoría de procesos'. En una entrevista para El Tiempo, Carlos Medellín, hijo del magistrado Carlos Medellín Forero, muerto en el asalto al Palacio de Justicia, se refirió a las razones de la quema de expedientes como 'un mito, porque copia de ellos había en la Corte, en la Cancillería y en el Ministerio de Justicia'.
A la versión oficial del informe se suman otras muy controvertibles como la de Jhon Jairo Velázquez Vásquez, alias ‘Popeye’ (ver entrevista), el lugarteniente de Escobar, quien ha repetido en varias ocasiones que el plan A del cartel era hundir el tratado de extradición y el plan B asesinar a los magistrados y quemar los expedientes; y la de Carlos Castaño en su libro Mi confesión, donde afirma que Carlos Pizarro, segundo comandante del movimiento guerrillero, 'cobró un millón de dólares por eliminar a Alfonso Reyes Echandía', presidente de la Corte Suprema.
La versión de los ex M-19
El hoy senador por el Centro Democrático y ex militante del M-19 Everth Bustamante, cree que efectivamente pudo haber un vínculo entre Pablo Escobar y 'uno, dos, o a lo sumo tres integrantes' de esa guerrilla. Sin embargo, está seguro de que esos acercamientos no fueron determinantes y más bien 'absolutamente secundarios' en la operación del Palacio. Califica, además, de 'facilistas' las hipótesis que insinúan que la Toma del Palacio se fraguó 'simplemente para hacerle un favor a Escobar y quemar los expedientes', según explica en su página oficial. Para él, la razón principal de la toma siempre 'fue ocupar el tribunal y hacerle un juicio público al Presidente'. Reconoce, eso sí, que fue una apuesta tan ingenua como desmesurada.
El actual senador por la Alianza Verde Antonio Navarro Wolff, también ex integrante del M-19, le dijo a EL HERALDO que prefería 'no responder preguntas aisladas sobre el episodio del Palacio de Justicia por ser un hecho en el cual no tuvo ninguna participación', pues estaba convaleciente en La Habana, tras un atentado en Cali en el que perdió una pierna y le afectó el habla. No obstante, en varias entrevistas ha dejado claro que la lucha del grupo guerrillero contra los procesos de extradición, que se estudiaban en la Corte en esa época, 'obedecía a una posición nacionalista' y no a una jugada de mutuo beneficio con los carteles. Esto, a pesar de que los procesos que reposaban en la Corte para ese momento solo implicarían a narcotraficantes.
Uno de los ex militantes del M-19 que ha negado la financiación del Cartel de Medellín en la toma es el alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, recluido en la cárcel La Modelo diez días antes del asalto. El mandatario le ha restado credibilidad a las declaraciones de alias ‘Popeye’, a quien acusó de 'trabajar desde la cárcel para los paramilitares'. En todo caso, Petro ya había insistido en la Comisión de la Verdad que desconocía los detalles detrás de la toma porque el M-19 seguía el principio de compartimentación mediante el cual 'solo quienes idearon y realizaron la toma sabían sus reales propósitos'.
‘La Ratonera’
Una de las tantas preguntas sin resolver sobre los antecedentes de la toma del Palacio es por qué un día antes del ataque se retiró la vigilancia reforzada que se había asignado al lugar, luego de conocerse, meses antes, decenas de amenazas de muerte a magistrados provenientes de ‘Los Extraditables’ e incluso planes del M-19 contra la Sala Constitucional. La inexplicable decisión, que resultó crucial en el fatal desenlace, es una de las grietas por las que se filtró con fuerza la teoría de ‘La Ratonera’, según la cual las Fuerzas Militares habrían hecho lo posible por tener a su alcance y en un mismo lugar a un grupo considerable de guerrilleros del M-19 para luego eliminarlos. Se le llama así por la forma como estaba construido el Palacio, que solo permitía la entrada y salida de personas por la puerta principal.
Para Miriam Suspez, hermana de David Suspez, chef de la cafetería fallecido en el Palacio de Justicia, el retiro deliberado de los esquemas de seguridad apunta en ese sentido, pero va más allá. 'Para mí el Estado y los militares se pusieron de acuerdo para utilizar al M-19. Ellos ya tenían pensado tomarse el Palacio de Justicia', explicó a EL HERALDO. Según ella, el Ejército habría aprovechado la toma para deshacerse de procesos y debates que la Corte adelantaba en su contra. 'Los magistrados tenían en la mira judicializar a altos militares', añade Suspez.
Similar es la posición de Virginia Gaona, hermana del magistrado Manuel Gaona Cruz, quien habría salido vivo del Palacio y luego fue ejecutado con un tiro de gracia. Para ella las razones de la toma y de la quema de expedientes tuvieron que ver directamente con las amenazas que sufrió su hermano, ponente a favor de la exequibilidad del fallo de extradición y con 'las investigaciones muy serias que había en torno a los manejos de los militares (…) Pienso que se aprovecharon las circunstancias', concluye.
La teoría de la operación ‘Ratonera’ no es descabellada, la misma Comisión de la Verdad 'consideró esta hipótesis como una de las más probables'. Nilson Pinilla, uno de sus tres integrantes, le afirmó a este diario que 'las explicaciones que se dan por haber retirado la vigilancia son mentirosas. El coronel Pedro Herrera Miranda, de la Policía, dice que fue por orden de Alfonso Reyes Echandía, presidente de la Corte Suprema', uno de los más amenazados y quien murió en el holocausto. También recalca, como lo han hecho otros estudiosos del caso, que Reyes se encontrara en Bucaramanga para la fecha en que supuestamente dio la orden, en Bogotá, de suspender su propia vigilancia. La conclusión de Pinilla es definitiva: 'No hay ninguna explicación sensata, ninguna que sea compatible con la lógica, la verosimilitud y la experiencia. Alguien tiene que contar la verdad'.
