El fiscal general de la Nación, Eduardo Montealegre, anunció que el vicefiscal Jorge Fernando Perdomo coordinará una investigación 'para determinar los alcances de la cosa juzgada de los indultos y amnistías' con los que fue favorecida la cúpula del M-19 tras su proceso de paz en 1990.
El jefe del ente de investigación penal señaló que 'cuando termine ese estudio, podremos determinar si comparecen en calidad de investigados penalmente o si comparecen para que contribuyan al esclarecimiento de la verdad, pero una determinación en ese sentido solo podrá adoptarse realmente cuando termine la investigación el vicefiscal general de la Nación'.
Montealegre explicó que revisará esas amnistías concedidas hace dos décadas a dirigentes de la guerrilla del Movimiento 19 de Abril por nuevos indicios que asegura haber descubierto en relación a la toma del Palacio de Justicia.
Nuevos indicios. Precisó en este sentido que la Fiscalía ha encontrado 'nuevos elementos de juicio que permiten concluir que en la retoma del Palacio no solamente se cometieron delitos de lesa humanidad sino también eventualmente crímenes de guerra' por parte de uniformados y subversivos.
El holocausto del Palacio de Justicia comenzó el 6 de noviembre, cuando un comando de 35 guerrilleros del M-19 irrumpió en el edificio, tomando como rehenes a cerca de 300 personas. Un día después el Ejército retomó a sangre y fuego el recinto, en una operación que dejó 94 muertos, entre ellos 11 magistrados de la Corte, decenas de heridos y 10 desaparecidos, en su mayoría empleados de la cafetería y visitantes.
El M-19, cinco años después de la toma, dejó las armas y se convirtió en partido político. En medio de la transición de la guerrilla se dictó la ley de amnistía e indulto de 1989.
Al respecto, el fiscal advirtió que 'de acuerdo a la Corte Interamericana de Derechos Humanos no son posibles amnistías o indultos incondicionales por delitos de lesa humanidad o crímenes de guerra'.
El pronunciamiento se produce días después de que se conociera que los exguerrilleros del M-19, Vera Grabe, Everth Bustamante y Otty Patiño, fueron llamados a declarar en calidad de testigos por el holocausto.
Justicia transicional. Agregó Montealegre en Caracol Radio que esta decisión no se ha convertido en un palo en la rueda del proceso de paz que negocian el Gobierno y las Farc en Cuba, y asegura que su posición sigue los lineamientos de lo acordado para la creación de una Jurisdicción Especial para la Paz, donde como lo fija el comunicado suscrito entre el presidente Juan Manuel Santos y el máximo cabecilla de las Farc, alias Timochenko, quedaron prohibidas las amnistías o indultos para delitos de lesa humanidad, genocidio o grandes crímenes de guerra.
Y advirtió, además, que si se declara que en el caso del M-19 no hay cosa juzgada, los reinsertados de ese grupo rebelde serían juzgados por la justicia transicional: 'si hipotéticamente se llegara a quebrar la cosa juzgada, que eventualmente lo puede hacer la Corte Suprema de Justicia, como principio general de competencia, esto significaría que entraría un nuevo actor en la justicia transicional', es decir, 'que los hechos del M-19 tendrían que entrar en la justicia transicional y que la Jurisdicción Especial de Paz tendría que continuar estas investigaciones de acuerdo a los estándares internacionales, ya no basados en amnistías e indultos sino en los principios generales de investigación, juzgamiento y sanción a las personas que hayan incurrido en crímenes internacionales'.
Finalmente, explicó que si la Fiscalía llegara a concluir que la amnistía al M-19 por los hechos del Palacio no incluyó delitos de guerra cometidos, el organismo de control penal abriría procesos contra dirigentes del M-19 cuya responsabilidad estaría dada en haber sido parte de la línea de mando de esa subversión.
