A través de una carta enviada al Fiscal General de la Nación, el procurador general, Alejandro Ordóñez Maldonado, solicitó investigar, juzgar y si es del caso, condenar a los miembros del M-19 que planificaron y ordenaron la toma del Palacio de Justicia, los días 6 y 7 de noviembre de 1985.
'A pesar de que trascurrieron 30 años, el Estado colombiano no ha cumplido con la obligación derivada del derecho internacional de investigar, juzgar y condenar a los mandos del M-19. Hasta la fecha no existe sentencia contra ningún miembro de la cúpula de esa organización', dice el comunicado enviado al fiscal Montealegre.
La carta de Ordóñez responde al anuncio hecho por la fiscalía Montealegre sobre el inicio de labores para 'determinar los alcances de la cosa juzgada de los indultos y amnistías con los que fue favorecida la cúpula del M-19' hace 25 años.
En la misiva, el Procurador destaca que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha reiterado que 'el deber de investigar constituye una obligación estatal imperativa que deriva del derecho internacional y no puede desecharse o condicionarse por actos o disposiciones normativas internas de ninguna índole',
Según Ordóñez, los entonces cabecillas del M-19 aceptaron su responsabilidad, pero jamás explicaron al país y a las víctimas lo sucedido, los cómplices y financiadores de la acción criminal, ni lo acontecido tras los hechos.
'Los mandos del M-19 no han revelado en un proceso judicial la verdad completa, detallada y exhaustiva sobre su responsabilidad en los hechos. No han relatado cómo, con quiénes, con qué auxilio, con qué recursos y cuáles eran los detalles de la toma y de las acciones posteriores a ésta. Las víctimas y la sociedad colombiana tienen derecho a saber y el Estado la obligación de establecer la verdad a través de procesos judiciales. Tampoco los miembros del Mando Central y del Comando Superior del grupo han reparado a las víctimas que causaron en el Palacio de Justicia', explicó.
