La Corte de Apelaciones para el Circuito del Distrito de Columbia ordenó reconocer derechos a tres víctimas de Hernán Giraldo Serna, alias ‘El Patrón’, e incluirlas como tal en la etapa final del proceso por narcotráfico contra el paramilitar.
Se trata de la familia del desaparecido desmovilizado y líder de la Sierra Nevada Julio Henríquez, que deberá ser escuchada por la Corte del Distrito de Columbia tras la decisión sin precedentes en cumplimiento de los procesos de extradición en contra de los jefes de las llamadas Autodefensas y narcotraficantes colombianos.
EL HERALDO conoció la decisión del tribunal en Washington, subordinado únicamente a la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos, y la solicitud en este sentido que hicieran los representantes de la viuda e hijas de Henríquez, asesinado por promover la sustitución de cultivos de coca en la zona de influencia de Giraldo.
'Giraldo no debe volver jamás'. En el recurso de las víctimas, presentado el pasado 2 de octubre, se lee que 'Zulma Chacín de Henríquez, Nadiezhda Henríquez Chacín y Bela Henríquez Chacín, han luchado mucho tiempo, tanto en Colombia como en los Estados Unidos, para obtener justicia por el secuestro y asesinato de su padre. (…) Y aunque el acusado fue condenado por un juzgado penal colombiano por la desaparición forzada del señor Henríquez, no cumplió esa condena porque fue extraditado precisamente para responder por la presente acusación'.
En el contexto, las víctimas advierten que ‘El Patrón’ 'es un traficante de drogas confeso, violador, terrorista y asesino de masas', por lo que señala que 'cualquier historia criminal del acusado, basada solo en los registros estadounidenses, no podría capturar la severidad de los delitos del acusado, la probabilidad de reincidencia, y el terror que sus víctimas que sobreviven siguen sufriendo'.
Añaden que durante más de cuatro décadas, Giraldo torturó, desapareció, asesinó y desplazó a miles, de acuerdo a los cargos que hay en su contra en Colombia, y según su propio testimonio, en el que, además, confesó que agredió sexualmente a docenas de mujeres, incluyendo niñas de 12 años.
Por ello, proponen que 'la sentencia que este Tribunal profiera debería enviar el más fuerte mensaje contra la conducta criminal del acusado, proteger al público de él y advertir a los traficantes extranjeros que los Estados Unidos no se van a hacer los de la vista gorda ante este comportamiento despreciable, independientemente de dónde pudo ocurrir'.
Y consideran que 'si el acusado vuelve a Colombia, la familia Henríquez cree que seguirá tomando parte en actividades ilegales y que usará la violencia para aterrorizar y reafirmar su control en Santa Marta. Este tribunal debe asegurarse de que se le niegue para siempre esa oportunidad, imponiendo la máxima sentencia'.
'No compensar cooperación'. Recuerdan los representantes de la familia que Giraldo es responsable de haber devastado una comunidad entera, 'aunque haya cooperado tardíamente con el Gobierno tras una vida de atrocidades'.
Advierten en este sentido que 'sería inquietante si el gobierno estadounidense procurara recompensar la ‘cooperación’ de tal individuo y también resulta inverosímil que el acusado pueda tener algún valor como cooperante dada su historia criminal en Colombia'.
Asimismo creen que el Tribunal debería usar su discreción para rechazar cualquier solicitud del Gobierno o de la defensa para reducirle la pena a Giraldo.
El caso Henríquez. El 20 de marzo de 2007, el temible extraditado fue acusado en Colombia por concierto para delinquir y por la desaparición forzada agravada del cordobés Julio Henríquez Santamaría. En enero 21 de 2009 fue declarado culpable.
De acuerdo con la sentencia, varios de los hombres del acusado irrumpieron en una reunión que Henríquez había organizado para enseñar a los agricultores locales a sustituir los cultivos de coca, y se lo llevaron en una camioneta blanca. Su cuerpo fue descubierto seis años más tarde, cuando Giraldo reveló la ubicación de su tumba, tras lo que se descubrió que había sido torturado antes de ser asesinado con dos heridas de bala en la cabeza.
A ‘El Patrón’, quien desde 2007 ha confesado sus actividades delictivas y está a la espera de una decisión del Tribunal de Justicia y Paz, las víctimas le reclaman el haber asesinado a 'un hombre valiente y generoso, que proveía a los agricultores la oportunidad de liberarse de la esclavitud del sembrado de coca'.
Por estas razones, los representantes de la familia de Henríquez ponen de presente que las víctimas 'solicitan respetuosamente a la oportunidad de hablar en el proceso, pero, independientemente de la decisión de la Corte con respecto a su solicitud, seguirán asistiendo a las vistas como observadores'.
La Corte les da la razón. Luego de que el juez de la Corte Distrital les negara parcialmente el recurso a las víctimas, pues solo admitió que estuvieran como observadores de las audiencias, la Corte de Apelación le ordena al primer tribunal ir más allá de la imputación o indictment para reconocer los derechos de las víctimas.
'(…) Ni el encausamiento ni el acuerdo de culpabilidad mencionan violencia de ningún tipo. Y sin embargo la lógica permite inferir (…) que la organización paramilitar de Giraldo Serna (…) empleó la violencia y la fuerza como métodos de operación', señala la Corte de segunda instancia.
Igualmente, la decisión, fechada el pasado 16 de octubre, advierte que las víctimas no tienen por qué demostrar que la actividad narcotraficante de alias ‘El Patrón’ fue el contexto en medio del cual se produjo la muerte de Henríquez: 'Aunque es cierto que pudieron ser varias las razones que contribuyeron al crimen de Henríquez, también es cierto que una causa probable del asesinato es que Henríquez lideraba una organización que se dedicaba a la producción de coca (…)'.
Un eventual recurso. El juez de la Corte del Distrito podría interponer una especie de recurso si no está de acuerdo con la decisión de su superior; de acatarla se constituiría en un paso histórico en el reconocimiento de que las víctimas del narcotráfico no solo están en los países consumidores sino en los productores.
Además, el juez podría admitir las solicitudes de las víctimas para que la condena contra Giraldo sea realmente ejemplar y para que, a su vez, la familia de Henríquez sea indemnizada.
‘El Patrón’, extraditado en 2008 a Estados Unidos, y quien negocia un acuerdo con la justicia de ese país, fue sentenciado a 39 años de cárcel por el homicidio el 4 de febrero de 2001 de Henríquez, desmovilizado del M-19.
La vida de Julio Henríquez. La víctima nació el 29 de marzo de 1952 en Cereté, Córdoba. Estudió Biología en la Universidad Libre de Bogotá e hizo parte del comité editorial del periódico de la Unión Revolucionaria Socialista, URS.
Se radicó en Santa Marta junto a su esposa Zulma y entró al M-19, a través del Frente Democrático, realizando actividades políticas. Luego, en 1984, pensando en sus hijos, se acogió a la amnistía propuesta por Belisario Betancur.
Se unió en los noventas, esta vez, a la Alianza Democrática M-19 con quienes se lanzó como candidato suplente al Concejo, participó de la campaña para la Asamblea Nacional Constituyente, fue nombrado como Consejero de Paz del departamento del Magdalena en 1992, presidente del Comité Permanente de Derechos Humanos en Santa Marta y, tras múltiples amenazas, decidió volver a su finca de Calabazo, en el Parque Tayrona.
Tras haber estudiado Economía Solidaria en Chile, impulsó un proyecto de ecoturismo, reforestación y creación de reservas naturales en el Parque.
