A la polémica por la nueva tabla de avalúos de vehículos que eleva el pago del impuesto vehicular, y que además trae consigo una serie de denuncias sobre aparentes irregularidades en la contratación, se le suma el hecho de que, de acuerdo a las numerosas y complejas obligaciones específicas establecidas en el contrato y a las necesidades consignadas en los estudios previos, éste ha debido ejecutarse al menos durante un año y no solo en cuatro meses.
Igualmente, las necesidades parecieran no compaginar del todo con dichas obligaciones contractuales. Llama la atención que el contrato de consultoría 393 de 2015 del Ministerio de Transporte, adjudicado el 31 de julio de 2015 a la empresa Datasoft –único proponente–, por 435 millones de pesos, es por cuatro meses, se inició el 5 de agosto y debía terminar el 5 de diciembre. Y la Resolución 5358 del Ministerio, que se supone contiene el resultado de todo lo que hizo la consultoría, es del 30 de noviembre.
No obstante, si se tienen en cuenta todos los funcionarios que revisaron e intervinieron en dicha resolución, de acuerdo a expertos juristas consultados por este diario, ese proceso no tarda menos de 15 días.
La resolución está compuesta de 123 páginas, de las cuales 116 las conforman las extensas tablas de las bases gravables. Suscribe el documento la ministra Natalia Abello, lo proyectó Enrique Bojacá, profesional del Grupo Operativo de Transporte; y revisaron Javier Aguillón, coordinador del Grupo Operativo de Transporte; Óscar Espinosa, subdirector de Transporte; Daniel Hinestrosa, director de Transporte y Tránsito (e) y jefe de la Oficina Asesora Jurídica, y Enrique Nates, el viceministro de Transporte.
Es decir, que todo lo que dice el contrato que debía hacer Datasoft se hizo en unos tres meses y medio.
Datasoft fue creada en Manizales en 2002, con un capital de $8 millones, bajo la representación legal de Diego Álvarez León. Dedicó sus primeros 13 años a la compraventa de computadores y luego, en febrero de 2015, pasó a hacer consultorías, desarrollos informáticos y actividades contables.
En las obligaciones específicas del contrato se lee que la empresa debía, en cuatro entregas, cumplir con una serie de requisitos, pero para los legistas consultados, no es probable que se pueda cumplir con todo esto que exigía el contrato en tan solo cuatro meses.
