BOGOTÁ. Al término de una reunión con representantes del gremio automotor, la ministra de Transporte, Natalia Abello, afirmó que de los 12 millones de vehículos activos en el parque automotor del país, más de 6,5 millones quedan exentos por la Ley 488 de 1998 de pago de este impuesto.
Tampoco deberán pagar las motos de menos de 125 c.c. y los vehículos de transporte público de pasajeros y carga, entre otros, aseguró la alta funcionaría.
Explicó la ministra barranquillera que 'gracias a la actualización de la metodología aplicada por el Ministerio, los 5,5 millones de vehículos obligados a pagar recibirán un beneficio este año, dado que el 62 por ciento de ellos no tuvo aumento o se redujo en comparación con la base gravable del 2015'.
Abello, además, encabezará este miércoles un encuentro con gobernadores y secretarías de hacienda para 'evaluar las acciones que permitan la pronta aplicación de la metodología y el pago de los impuestos de vehículos, y así garantizarles a los ciudadanos una respuesta oportuna'.
El pronunciamiento de la jefa de la cartera de Transporte se dio un día después de que la Procuraduría, también presente en la reunión, pidiera al Gobierno revisar el contrato entre el Ministerio y la empresa privada Datasoft para el cálculo de la base gravable para el pago de impuestos de los vehículos en el país.
Tras la solicitud en este sentido de la Asociación Colombiana de Usuarios de Vehículos Particulares, Acuvp, el Ministerio Público, 'teniendo en cuenta la problemática que ha causado el contrato firmado por el Ministerio de Transporte y la empresa Datasoft Ingeniería Ltda.', presentó a Abello Vives recomendaciones al respecto.
De esta manera, la Procuraduría Delegada para la Vigilancia Preventiva de la Función Pública pidió ajustes de manera oportuna a la resolución 5358 de 2015, 'ante posibles falencias identificadas en dicha resolución, tales como el no encontrarse el avalúo de los vehículos para el año 2016, que algunos vehículos no se encuentran dentro de la resolución y que está sobre estimado el valor de algunos de ellos frente al valor comercial'.
Igualmente, el ente de control disciplinario ha solicitado al operador que investigue el contrato y el procedimiento del mismo y defina si se realizó en debida forma. También se realizará un acompañamiento al proceso de nulidad que instauró la Acuvp y en el que se solicitan medidas provisionales sobre el caso.
'Preocupa a la Procuraduría que este nuevo avalúo de los vehículos podría afectar los pagos por impuestos, Soat, garantías y la economía de los colombianos propietarios de automotores', concluyó la entidad.
