Bogotá. Un juez de control de garantías les impuso medida de aseguramiento de detención domiciliaria a Róbinson Antonio Román Dávila y a Liliana Sofía Cabas Ochoa por el desfalco al Icbf en La Guajira.
La Fiscalía informó que el lunes se presentaron voluntariamente los sindicados a la sede del ente acusador en la península.
Román Dávila, proveedor de papelería de la entidad, había quedado en libertad durante la judicialización porque le habían escrito mal el apellido.
Cabas Ochoa, por su parte, era proveedora de refrigerios.
La audiencia duró una semana, por diferentes aplazamientos y suspensiones que pidieron los abogados. Los cargos imputados fueron los de concierto para delinquir, peculado por apropiación y falsedad en documento privado.
Solo fueron dos contratos
Las acciones ilícitas se habrían cometido en el desarrollo de los contratos 375 y 383, que fueron suscritos entre la fundación Un Mejor Vivir y el ICBF el pasado año.
En noviembre pasado, cuando se destapó el escándalo, no solo por la mortalidad elevada de niños en La Guajira, sino por las primeras capturas, la Fiscalía General de la Nación dijo en un comunicado: 'que las acciones se desarrollaban por las irregularidades presentadas en la contratación del ICBF para la atención integral a la primera infancia, en la cual se determinó que en el año 2015, en La Guajira, se destinaron para la atención integral a niños y niñas menores de cinco años y madres gestantes y lactantes, la suma de 141 mil millones de pesos, de los cuales se adjudicaron 77 mil millones mediante convocatoria a 73 operadores a través de la celebración de 106 contratos de aporte para atender aproximadamente a 27 mil beneficiarios y dentro de los cuales se evidenció una defraudación que asciende a los 2.217 millones de pesos'.
'Era una empresa criminal', Fiscalía
En el desarrollo de la audiencia pública para definir la suerte jurídica de Liliana Cabas y Róbinson Román, quienes proveían a la fundación Un Mejor Vivir desde sus empresas personales, la fiscal calificó a la fundación como una empresa criminal, creada desde el principio con el objetivo de apropiarse de los dineros que debían ser destinados a la alimentación de los niños.
La fiscal especializada destapó situaciones que fueron halladas en el curso de la investigación iniciada desde noviembre donde encontraron por ejemplo que la fundación compraba a un proveedor de Riohacha panes o mogollas a un precio de 166 pesos y en las facturas que le fueron entregadas al ICBF ese mismo producto aparecía costando 640 pesos, con lo cual se puede apreciar la magnitud del detrimento que se estaba causando. La fundación pagaba por panes a su proveedor, quien no quiso entrar al negocio ilícito, un poco más de dos millones de pesos y la factura que le llegaba al ICBF era cercana a los 38 millones de pesos.
Descabellados sobreprecios
En el caso de Róbinson Antonio Román Dávila, a través de su empresa creada para proveer a la fundación Un Mejor Vivir, también se hallaron situaciones alarmantes. La fiscal dijo que con los funcionarios de Policía Judicial encontraron por ejemplo que una resma de papel carta que el comerciante adquiría en una papelería de Santa Marta por la suma de 7.300 pesos, cuando la facturaban al ICBF le costaba 11.800 pesos. Con las tamaño oficio encontraron que su costo de compra era de $7.400 y al Instituto las facturaban por 14.478 pesos. Según las cuentas de la Fiscalía, el sobrecosto era del orden de 45.7%. Según la Fiscalía, no conformes con este sobrecosto, fueron mucho más allá en las acciones dolosas y encontraron que en la fundación, muchos de los productos que habían sido facturados, nunca ingresaron.
Con el recurso destinado para el transporte del talento humano de la fundación ocurrieron situaciones probablemente dolosas, pues según la fiscal, un ciudadano que había sido contratado como conductor, aparecía cobrando millonaria suma por servicio de transporte, es decir por proveer el servicio de transporte para educadores, psicólogos y auxiliares.
Necesitaba apoyo para su empresa
La fiscal dijo que desde el inicio de la creación de la empresa y la adjudicación de los contratos 375 y 383 de 2015 la representante legal de la fundación, Solimar Rodríguez, 'supo que para su empresa criminal necesitaba apoyarse en otras personas y por eso involucró a por lo menos ocho ciudadanos más'. El propietario de un depósito de víveres de Riohacha, quien al igual que la representante legal de la fundación se encuentran ya asegurados, fue otro de los que terminó involucrado y comprometido jurídicamente. La Fiscalía aseguró que esta persona presentaba facturas con precios inflados y cuando llegaba el ICBF las diferencias eran alarmantes.
La fiscal hizo toda la argumentación y presentó la imputación con los delitos de concierto para delinquir, peculado y falsedad en documento privado. Los defensores hicieron una importante exposición, pero al final no pudieron convencer de la inocencia de sus clientes al Juez especializado, quien sin embargo les otorgó el beneficio de la detención domiciliaria.
Con estos dos, ya son ocho los detenidos en sus casas por los escandalosos hechos descubiertos en el interior del ICBF de La Guajira y una de las fundaciones que con las que se había contratado. No solo hay particulares, sino que dos altos funcionarios, también tienen pendientes penales, por no haber cumplido a cabalidad con su función de supervisión de los contratos citados.
